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Pero no solo las autoridades tendrán que mirar con lupa la actuación de Metrovías. También deberán revisar el contrato entregado a la empresa Ponce de León Asociados S.A., la misma a la que Invías le entregó la tarea de interventoría por 4.112 millones de pesos para que vigilara las actuaciones de Metrovías.
CAMBIO se comunicó con el representante legal de Metrovías, Carlos Alberto Solarte, quien evitó responder a los cuestionamientos de la revista.
No obstante, el empresario deberá atender los requerimientos de las autoridades que están al frente de las investigaciones, pues hasta el propio Ministerio de Transporte denunció los hechos y está a la espera de que se inicie el proceso judicial que permita establecer responsabilidades sobre la tragedia.
Ahora, le corresponderá a la Justicia analizar las versiones tanto de los contratistas como de la empresa transportadora, que deberá demostrar el buen estado del vehículo donde se movilizaban las víctimas. De todas maneras, todo indica que la tragedia de la vía Medellín-Quibdó bien pudo evitarse. O como dijo uno de los familiares de las víctimas, "esta era una tragedia anunciada".
LA VÍA DE LA MUERTE
La vía Quibdó-Medellín es una de las pocas carreteras del país que conecta a dos capitales de departamento y se encuentra en abandono total. A lo largo del trayecto se observan huecos cuya profundidad supera los 80 centímetros.
La vía, construida en la margen del río Atrato, tiene un ancho no superior a cuatro metros y no posee las características de una vía normal. La mayor parte del tramo es destapada y, según especialistas, es inestable. Así mismo, presenta precipicios con alturas considerables en buena parte del recorrido y la humedad de la zona hace que los derrumbes estén a la orden del día.
Los pocos vehículos que transitan deben hacerlo a una velocidad promedio de 15 a 20 kilómetros por hora y son pocas las empresas de transporte que se atreven a recorrerla. La única compañía que presta el servicio de pasajeros y carga es Rápido Ochoa que realiza un solo trayecto diario, lo que hace que los buses deban transportar a cuanto pasajero encuentra en la vía, sin tener en cuenta el sobrecupo.
EMPRESA DE TRADICIÓN
Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte hacen parte de una familia de ingenieros dedicada al campo de la construcción y mantenimiento de vías. Oriundos de Pasto, Nariño, han gozado de buena fama y desde hace varias décadas lograron hacerse a importantes obras de infraestructura vial, entre otras razones por tener un músculo financiero envidiable.
Según el Instituto de Concesión Vial, Inco, los Solarte a través de uniones temporales lograron acceder a la administración de la malla vial de buena parte de las carreteras del Valle del Cauca, así como el tramo Bogotá-Tunja-Sogamoso.
En 2005 se ganaron un millonario contrato a través del Consorcio Metrovías Cali 6, para construir el tramo de la troncal suroriental de la capital vallecaucana. Las críticas por esta adjudicación no se hicieron esperar porque veedores cívicos encontraron que los Solarte habían sido sancionados y multados por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, de Bogotá, lo que los inhabilitaba para acceder al negocio. Sin embargo, la sanción desapareció tiempo después.