Enero 28 de 2009
El peso de la ley
En medio de los escándalos por los "falsos positivos", han pasado inadvertidas 300 medidas de aseguramiento contra los responsables.
El mayor Óscar Alberto Acuña Arroyo, oficial de Inteligencia, sugirió que la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez en su finca cordobesa de 'El Ubérrimo' le daría especial relevancia a una acción de contraguerrillas en algún paraje vecino y acordó entonces con el comandante de un destacamento del Gaula militar y un grupo de soldados profesionales la manera de ejecutarla.
"Misión táctica Fénix", fue el nombre asignado a la operación que, sin embargo, no sería genuina ni legal. Según el expediente 5265, radicado en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el mayor Acuña y el capitán Álvaro Camargo, comandante del Gaula, se apoyarían en un informante a sueldo para conseguir a las víctimas del que sería un combate simulado. Ambos estaban convencidos que se anotarían así un éxito adicional en sus folios de vida.
Daladier Herrera Osorio y Ómar Alfredo Osorio Almanza, dos jóvenes interesados en conseguir trabajo, se convertirían ese 5 de abril de 2006 en el objetivo de la celada criminal. Jonathan Andrés Barrios, designado por los militares para 'reclutarlos', los convenció de que en una finca próxima a Montería había una excelente opción laboral y consiguió llevarlos rumbo a la muerte.
En un descampado próximo a la carretera que va de Montería a Sincelejito, un grupo de soldados los esperaba para 'legalizarlos'. Mientras uno de los soldados les disparaba a quemarropa, sus compañeros hicieron varias ráfagas al aire con el propósito de crear artificialmente un falso combate.
De ahí en adelante, el montaje resultaría cada vez más burdo. La orden de la operación militar, basada en la supuesta presencia de una avanzada terrorista en Córdoba, fue redactada sobre un formato utilizado por una unidad militar del Caquetá, y el nombre de este departamento ni siquiera fue modificado por el de Córdoba. Un dictamen de balística obtenido por el juez penal militar, que asumió inicialmente la investigación del caso, señalaba que las armas que aparecieron junto a los cuerpos de los supuestos guerrilleros no funcionaban. Pero cuando el expediente fue asumido por la Justicia ordinaria, el dictamen fue adulterado y su sentido era diametralmente opuesto.
El mayor Acuña, el capitán Camargo y un grupo de soldados profesionales que actuaban bajo sus órdenes, ocupaban hoy sus lugares en el banquillo de los acusados de uno de los primeros juicios iniciados por los llamados 'falsos positivos'.
El 1º de noviembre de 2007, Fabio Alberto Sandoval Feria y Elonais Manuel González Correa, obreros de la construcción, aparecieron muertos en predios de la finca 'El Paraíso', en Galeras (Sucre). Yacían enfundados en ropas de campaña y el destacamento militar que los abatió proclamó el éxito de la operación Excalibur, desplegada a partir de la misión táctica Orión 85 y lanzada contra milicias de la guerrilla.
Las bases endebles sobre las que fue edificada esta historia oficial se desmoronaron cuando los investigadores de la Fiscalía hicieron un examen racional de los hechos. La responsabilidad penal se encuentra hoy en hombros de José Dionisio Ramos Castillo, un informante de profesión que había convertido los 'falsos positivos' en una ominosa forma de vida.
Estas dos historias hacen parte de las 849 investigaciones penales abiertas durante los últimos tres años por fiscales especializados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo con cifras del fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, los expedientes han desembocado hasta la fecha en 300 decisiones de fondo contra miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que los apoyaban en una de las prácticas más lesivas y repudiadas actualmente en el país.
Se trata de decisiones que han pasado prácticamente inadvertidas en medio de los escándalos periódicos desatados cada vez que se conocen nuevos episodios en varias regiones del país. Carlos Camargo, jefe encargado de la Unidad, destaca que los resultados obtenidos hasta hoy en la cruzada estatal contra crímenes cometidos por agentes oficiales ha sido posible gracias a las acciones articuladas por los fiscales y por los propios mandos militares, dispuestos a cambiar la vieja cultura del espíritu de cuerpo que servía como capa de blindaje y amparo a la impunidad.
De los procesos activos donde ya hay firmes evidencias de responsabilidad de servidores públicos, 240 están radicados en Antioquia, 117 en Meta, 55 en Norte de Santander, 39 en Córdoba, 36 en Casanare, 30 en Cesar, 24 en Huila y los demás en otras zonas del país, incluida Bogotá.
En el campo disciplinario la Procuraduría tiene a cargo 943 procesos relacionados con una conducta denominada homicidio en personas protegidas.
Depurar el fuero
Uno de los signos más destacables del cambio de cultura castrense que hasta hace muy poco tiempo concebía el fuero militar como una barrera infranqueable para la Justicia ordinaria, lo representa el hecho de que durante el último año las Fuerzas Armadas, por iniciativa propia, enviaron a la Fiscalía 100 casos que involucraban incluso a oficiales de alto rango.
Para el jefe de Derechos Humanos de la Fiscalía esa cifra no es despreciable e implica que las Fuerzas Militares y la Policía están dispuestas a liberarse de aquellos malos elementos que, con sus acciones ilegales, afectan la imagen y el honor institucional y minan la credibilidad de una de las instituciones más cercanas al ciudadano del común. Ese cambio ha supuesto también una disminución significativa en el número de colisiones de competencia entre la Justicia Penal Militar y la ordinaria.
Luz Marina Gil, directora ejecutiva de la Justicia Penal Militar, y oficiales de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa se han encargado de garantizar el cumplimiento de un compromiso institucional que consiste en enviar sin dilaciones a los estrados de la Justicia ordinaria aquellos expedientes de los que surja evidencia razonable de que algún miembro de la Fuerza Pública está incurso en delitos comunes.
Por ese mismo camino está comenzando a alejarse el espectro de la "guerra jurídica", como algunos generales suelen llamar a las acciones de los organismos de control y a las denuncias de ciudadanos o de organizaciones no gubernamentales sobre violaciones a los derechos humanos. Según varios oficiales consultados por CAMBIO, la superación de estas 'taras' en el pensamiento castrense contribuirá efectivamente a fortalecer la legitimidad de las Fuerzas Armadas.
¿Obediencia debida?
Si bien sus alcances son incipientes todavía, el procesamiento de los presuntos responsables de los denominados 'falsos positivos' ha servido para que la Justicia Penal colombiana firme para siempre la partida de defunción de la figura de la "obediencia debida" en la que solían buscar protección miembros de la institución castrense comprometidos en delitos que no guardaban ninguna relación con el servicio.
En ese sentido, la Fiscalía ha hecho prevalecer la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 1995 ha buscado redefinir los límites de la obediencia debida. "Las órdenes militares violatorias de los derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana, no deben ser ejecutadas y que en caso de serlo, tales órdenes no podrán ser alegadas como eximentes de responsabilidad", dice una reciente sentencia de la corporación. Y agrega: "Ha sido sentado por esta corporación que el principio de obediencia debida no equivale al de la obediencia ciega o irreflexiva, por lo cual en ciertas circunstancias el militar subalterno puede sustraerse al cumplimiento de la orden de superior".
Las decisiones de la Fiscalía y de la Procuraduría han servido también para hacer pedagogía entre las tropas sobre los alcances de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales Colombia es signataria. Ya es común, por ejemplo, que las medidas de aseguramiento y las resoluciones de acusación o llamamiento a juicio citen instrumentos como la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes de las Naciones Unidas, vigente desde 1987.
También son comunes en las providencias citas de las recomendaciones dadas por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en el sentido de que los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias y velarán por que todas estas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos". Esas mismas recomendaciones insisten en que no podrán invocarse para justificar esas 'ejecuciones' circunstancias excepcionales, como por ejemplo el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna, ni ninguna otra emergencia pública.
"Esas ejecuciones -ha insistido el Consejo- no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de los funcionarios públicos o de otra persona que actúe con carácter oficial, o de una persona que obre a instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de ella, ni tampoco en situaciones en que la muerte se produzca en prisión".
Esta estrategia demuestra que el Estado ha decidido hacerle frente a la impunidad y que, para lograrlo, ha lanzado una contraofensiva a fondo contra quienes se amparaban de la debilidad del aparato judicial.
PROCESOS DE LARGO ALCANCE
Los 943 procesos relacionados con 'falsos positivos' radicados en la Procuraduría están distribuidos de esta manera:
- Delegada disciplinaria en derechos humanos: 529
- Grupo de asesores en derechos humanos (despacho Procurador): 100
- Delegada para la Policía Nacional: 86
- A cargo de los asesores de la Viceprocuraduría: 69
- Procuraduría Regional Caquetá: 34
- Procuraduría Provincial Rionegro (Antioquia): 19
- Procuraduría Regional de Antioquia: 19
- Procuraduría Provincial de Yarumal (Antioquia): 16
- Dirección Nacional de Investigaciones Especiales: 15
- Procuraduría Regional Tolima: 13
- Procuraduría Regional Arauca: 9
- Procuraduría Regional Putumayo: 8
- Procuraduría Provincial de Puerto Berrío (Antioquia): 7
- Procuraduría Regional Guaviare: 5
- Provincial de Santa Fe de Antioquia: 5
- Provincial Valledupar: 4
- Regional Santander: 2
- Distrital de Bogotá: 1
- Provincial de Barrancabermeja: 1