Mentiras han llevado a la cárcel a civiles y militares inocentes

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No importa. Los testigos se relevan y no es aventurado pensar que obedecen a un plan de la mencionada guerra jurídica que va sacándolos como un mago de feria saca conejos de un sombrero. El último, que paga largas penas por dos homicidios, uno cometido en Tunja y otro en Girardot, fue reclutado en la cárcel de Cómbita. Se llama Tirso Sáenz y dice haber sido conductor de un tanque Cascabel en el cual el coronel Plazas habría metido a cinco o seis de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Ignora, al parecer, que en un Cascabel apenas caben los tres miembros de su tripulación. ¿Será creíble? ¿Se le habrá ofrecido una sustancial rebaja de penas por esta declaración? El libro Itinerario de una injusticia, del coronel Plaza, demuestra hasta la saciedad el montaje de esta última acusación.

¿Quién mueve los hilos de semejante conjura contra oficiales prominentes de las Fuerzas Armadas? Sería necesario investigarlo. En este inventario de injusticias monumentales no podría olvidarse el caso del almirante Gabriel Arango Bacci. Retirado de la Armada por supuestos nexos con el narcotráfico, la prueba que servía de sustento a tal sospecha era un papel con su huella dactilar en el cual acreditaba recibir 115 mil dólares de un mafioso conocido como 'el Señor de la herradura'. Luego de un examen dactiloscópico que aparecía en el recibo, resultó que la huella era falsa. Había sido colocada allí con un sello.

En cualquier país donde la justicia tuviese algún rigor, este hallazgo habría bastado para comprobar que el Almirante era víctima de una maniobra para inculparlo. Pero, sin olfato, sin malicia o sin voluntad para reconocer dicha conjura, la Fiscalía acabó por obtener otro testimonio contra Arango, esta vez de un joven delincuente llamado Eyssin Miguel Matos. Decía haber presenciado un encuentro del alto oficial con mafiosos. Era, en realidad, un testimonio pagado (¿por la mafia o la guerrilla?) con veinte millones de pesos. Así lo declaró bajo juramento el propio hermano del denunciante.

Desbaratadas estas inculpaciones, el Almirante ha debido quedar en libertad y ser objeto de públicas excusas. Era lo que menos podía esperarse tratándose de un oficial que a lo largo de 32 años de impecable carrera militar jamás había recibido la más leve llamada de atención. Pero su calvario no había terminado. Un sicario de Barranquilla  declaró que había sido testigo de un encuentro en Santa Marta del Almirante con un narco conocido con el sobrenombre de 'Boliche'. Único problema: este, residente ahora en Estados Unidos como testigo protegido, declaró no haber visto en su vida al almirante Arango.

¿Hasta cuándo proseguirá esta ronda de infamias consentidas? ¿Cuántos casos como estos podrían todavía revelarse? ¿Cuántos inocentes permanecen detenidos? Estamos ante un verdadero escándalo, el único que no ha salido a flote en un país donde cada semana florece uno con gran estrépito mediático. Por desviaciones o sesgos políticos, magistrados y fiscales tienden a ver siempre como sospechosos a senadores uribistas y a oficiales del Ejército. No exigen pruebas ni valoran testimonios. Le han dado a Colombia la fama en América Latina de ser el país que más abusa de las detenciones preventivas. Han puesto a los peores delincuentes del país en el papel de acusadores. El dicho de que en Colombia a nadie se le niega un auto de detención puede parecer cínico. Pero es hoy una triste y alarmante verdad.

Por Plinio Apuleyo Mendoza,
especial para CAMBIO.