Noviembre 7 de 2008
Contraloría intenta recuperar $14.000 millones que le debe al Distrito un concesionario del chance
El organismo de Bogotá investiga las maniobras que hay detrás del negocio.
En diciembre de 2007, Jaime Esparza Rhenals, cabeza del grupo JER, una de las grandes empresas de chance del país, se vio enfrentado a responder por una deuda de 14.000 millones de pesos con la Lotería de Bogotá. Aunque la deuda estaba en cabeza de Sonapi S.A. y no de JER, esta última empresa figuraba como accionista. Si la deuda no era saldada, la empresa de Esparza quedaría inhabilitada para seguir contratando con el Estado (Ley 80 de 1993).
Dada la situación, Esparza buscó al gerente de la Lotería, Henry Jair García, para hacerle una propuesta que le permitiera cumplir con la millonaria acreencia que un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá había ordenado pagar en diciembre de 2005. El cálculo de la deuda fue hecho sobre la base de un estudio de mercado del Centro Nacional de Consultoría, según el cual el negocio adjudicado a Sonapi para la explotación del chance en Bogotá (2002-2006) movería 300.000 millones de pesos.
La cifra fue avalada por la Superintendencia de Salud y, con base en ella, Esparza armó la propuesta para la Lotería. A la reunión con García, el dueño de JER llevó documentos según los cuales la participación de JER en Sonapi era de solo el 4 por ciento y quiso convencerlo de que el pago de 600 millones de pesos saldaría su parte de la deuda. Su objetivo no solo era salvar la concesión del sorteo Superastro Millonario que actualmente maneja JER, sino algo mucho más importante: despejar el camino para seguir explotando el millonario negocio del chance en la capital, adjudicado en 2007 a la compañía Apuestas en Línea S.A., en reemplazo de Sonapi.
García acogió la propuesta de los 600 millones, pero advirtió que no saldaría las obligaciones de JER como socio de Sonapi, sino que sería aceptada como abono a la deuda total por $14.000 millones. No obstante, el principio de acuerdo se fue a pique cuando la Personería de Bogotá intervino y abrió investigación disciplinaria contra García por la posibilidad de que fuera un intento de hacerle el quite al laudo arbitral de la Cámara de Comercio. En ese momento se supo que Esparza, cabeza del Grupo JER y socio de Sonapi, también era representante legal de Apuestas en Línea.
A punto de cumplirse tres años del laudo arbitral que ordenó a Sonapi el pago de la deuda de $14.000 millones, no ha sido cancelado un solo peso a la Lotería de Bogotá.
Personajes oscuros
Maniobras como las de Esparza y otros empresarios del chance para eludir pagos y compromisos, incluyen influencias mafiosas, disolución y creación de sociedades de fachada y un carrusel de negociantes que, al tiempo que asestan zarpazos al erario, siguen controlando jugosos negocios de apuestas y azar.
Por lo pronto, el Distrito busca nuevas claves para garantizar el cobro de la millonaria deuda, y abogados de la Lotería siguen pistas para establecer quiénes son los socios, y obligarlos a responder con sus patrimonios personales. Sin embargo, se han estrellado contra la pasmosa lentitud con que los peritos judiciales hacen los trámites, que ha impedido descubrir qué esconden esas empresas y quiénes son sus socios.
Aun así, con base en actas de asambleas y otros documentos hallados en despachos judiciales, CAMBIO pudo conocer varios nombres de la lista de socios de Sonapi. Algunos son también dueños de Apuestas en Línea S.A., razón por la cual mientras la empresa no cancele la deuda con la Lotería estarían inhabilitados para contratar con el Distrito (ver facsímile). Sin embargo no es así y hoy no solo disfrutan de los jugosos dividendos del chance, sino que algunos de ellos suman a su hoja de vida escándalos relacionados con el negocio.
Por ejemplo, Esparza Rhenals, socio mayoritario de JER, acabó quedándose con los negocios de José María Ortiz Pinilla, extraditado a Estados Unidos el 24 de enero de 2008 por narcotráfico, y quien había sido uno de los gestores de JER. Tras su captura, sus negocios comenzaron a irse a pique y uno de ellos, el Superastro Millonario, fue cedido a Esparza.
Otro que figura como socio de Sonapi es el cartagenero Jesús María Villalobos, conocido como 'el Perro', y quien es recordado en la Costa por la guerra que libró con Enilce López, 'la Gata' -procesada por vínculos con paramilitares- por el control del negocio del chance en Bolívar. Paradójicamente, lo que empezó como una pelea de perros y gatos, terminó en una sociedad que explota el 80 por ciento de los juegos de azar en la Costa Caribe. Además, Villalobos figura en expedientes por soborno contra ex gerentes de la Lotería de Bolívar y del Atlántico.
En la baraja de personajes cuestionados también aparece Anuar Oyola, dueño de Apuestas Ochoa y gerente de Apuestas en Línea S.A., actual concesionario del chance en Bogotá. Su nombre está vinculado al escándalo en el que está involucrado el gobernador del Quindío, Julio César López Espinosa, por supuesto lavado de activos mediante la reventa de billetes ganadores del premio mayor de la lotería del departamento.
Según Alejandro Giraldo, principal testigo dentro del proceso que la Fiscalía le sigue al Gobernador, Oyola está detrás del plan para ocultar los ilícitos, plan que incluiría comprar testigos para que declaren a favor de López y acallar a la prensa regional.
Maniobras y trampas
El lío generado por la deuda de Sonapi ha desatado un conflicto entre sus antiguos socios, que ahora se hacen recriminaciones mutuas e incluso han apelado a la adulteración de actas de asambleas para cambiar artificialmente los porcentajes de participación en la empresa o para disolver o transformar sociedades con el claro propósito de borrar las huellas de sus obligaciones. Para estas maniobras se han apoyado en un reciente concepto de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, según el cual "las sociedades son distintas a sus socios". Esto quiere decir, ni más ni menos, que los socios no deben responder individualmente por las obligaciones de las sociedades.
Las divisiones entre los socios han desembocado también en demandas judiciales. El pasado 19 de agosto, la abogada Sandra Patricia Castro denunció ante la Contraloría General, que Corapuestas Ltda., Multijuegos y Apuestas Ltda., fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Bogotá como socias de Sonapi pese a que estaban legalmente disueltas, y presentó pruebas según las cuales la junta de accionistas de Sonapi modificó en una asamblea las cuotas de participación y rebajó la del grupo JER al 4 por ciento. De esa modificación fraudulenta surgió la propuesta que Esparza le hizo al gerente de la Lotería de Bogotá de pagar 600 millones de pesos como su parte de la deuda y así quedar a paz y salvo, propuesta que no prosperó.
Pero además de presiones, manipulaciones y trampas, también ha habido amenazas. García, el gerente de la Lotería de Bogotá, sostiene que durante una asamblea de gerentes de las loterías regionales en Valledupar advirtió a sus colegas sobre la tradición de incumplimiento de Sonapi con sus obligaciones y que cinco minutos después comenzó a recibir llamadas en su celular con amenazas de muerte.
Pero el asunto no para ahí. El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, desató una ofensiva legal para ayudarle al Distrito a recuperar los 14.000 millones de pesos. "Los concesionarios actuales, que en su mayoría fueron socios de Sonapi, han dicho que quieren saldar la deuda pero no han sido serios en sus decisiones y esto le está representando a la salud un detrimento cercano a los 30.000 millones de pesos anuales".
El Grupo de Investigaciones Especiales Forenses de la Contraloría de Bogotá sigue el rastro de las maniobras denunciadas. De resultar cierto que los socios de Apuestas en Línea S.A. son también de Sonapi, el Contralor sostiene que "sería antiético darle la nueva concesión que se abrirá en 2011". Más aún, habría mérito para abrirle a la firma una investigación por detrimento patrimonial.
'MICO' A LA VISTAEn el Congreso cursa un proyecto que establece que cuando las apuestas puedan hacerse en línea, el monto de los aportes no se calcularía con base en estudios de rentabilidad mínima avalados por la Superintendencia de Salud, sino que serían del 12 por ciento de los ingresos brutos reportados por los concesionarios.
Como para nadie es un secreto que "hecha la ley, hecha la trampa", los críticos de la iniciativa -entre ellos la Contraloría de Bogotá- consideran que, de aprobarse el proyecto, los aportes a la salud se reducirían en forma sensible, pues dan por descontado que los concesionarios harían reportes de ventas inferiores a las reales.