Colombia : Una Guerra de masacres

Colombia ha vivido las últimas décadas en luto permanente. Masacres y otras formas de violencia colectiva con diversas magnitudes, intencionalidades y secuelas han ensangrentado la geografía nacional. Entre 1982-2007 el Grupo de Memoria Histórica ha establecido un registro provisional de 2505 masacres con 14.660 víctimas. Colombia ha vivido no sólo una guerra de combates, sino también una guerra de masacres. Sin embargo, la respuesta de la sociedad no ha sido tanto el estupor o el rechazo sino la rutinización y el olvido.

El municipio de Trujillo, en el Norte del departamento del Valle, ha sido escenario de esa violencia múltiple y continuada, y también de nuestra amnesia. No sólo sus vecinos del orden regional desconocen o han olvidado lo sucedido, sino que más aún, respecto a esos eventos existe lo que pudiéramos llamar una desmemoria nacional, como en efecto lo han resentido las víctimas. Volver la mirada a Trujillo es entonces un primer ejercicio en la misión de convocar la solidaridad ciudadana y mostrarle al país que los hechos de Trujillo pertenecen al pasado nacional. Trujillo es en más de un sentido Colombia. Es preciso interpelar por tanto no sólo al Estado, sino también a toda la sociedad por los silencios y los olvidos que prosperaron en torno a la masacre; por haberse negado a aceptar lo que parecía inenarrable, inaceptable o imposible, pero que en verdad era muy real.

La masacre es una de las formas en las que se expresa la degradación de la guerra, y el desprecio de los 'guerreros' por la población civil. La violencia rompe los lazos sociales y doblega sicológicamente a las víctimas. En efecto, en Trujillo los homicidios, torturas y desapariciones forzadas produjeron el desplazamiento y desarraigo de pobladores de muchas veredas; la destrucción e incluso liquidación de núcleos familiares; la desarticulación de las organizaciones campesinas, y otras formas de acción colectiva; y hasta la muerte por diversas causas indirectas (incluso por causas emocionales, la 'pena moral') de numerosos sobrevivientes y sus familias. En el plano sociopolítico la masacre cumplió los múltiples objetivos de los perpetradores: bloqueo a la estrategia insurgente en la zona; neutralización de la potencial acción colectiva de los campesinos; e instauración de un verdadero contrapoder que continúa vivo aún hoy día.

Frente a todo esto 'No se puede continuar viviendo como si no hubiera pasado nada'. Explicar y procesar los hechos traumáticos es un ejercicio indispensable para los individuos y para las sociedades.

Una nueva narrativa de los hechos es necesaria no sólo para las víctimas y sus comunidades, sino para la sociedad colombiana en general. La reconstrucción de la memoria histórica en escenarios como este cumple una triple función: de esclarecimiento de los hechos, haciendo visibles las impunidades, las complicidades activas, y los silencios; de reparación en el plano simbólico al constituirse como espacio de duelo y denuncia para las víctimas; y de reconocimiento del sufrimiento social y de afirmación de los límites éticos y morales que las colectividades deben imponer a la violencia.

Un importante logro para los objetivos de este trabajo sería que al cabo de éste el público lector "pudiera recordar lo que no ha vivido...porque le ha sido trasmitido en el relato".

Son muchas las razones para volver a Trujillo. A casi 20 años de la masacre y 10 de la aceptada responsabilidad del Estado en los hechos, la violencia en Trujillo continúa y los compromisos del Estado con la comunidad local y de víctimas siguen inconclusos. Es preciso volver a Trujillo porque aun no se ha hecho justicia. Al día de hoy no existe ninguna condena a los perpetradores de la Masacre. Hay que volver a Trujillo porque siguen registrándose numerosas víctimas y la comunidad es constreñida por viejos y nuevos actores criminales, como las conocidas bandas del Norte del Valle, 'Los Machos' y 'Los Rastrojos' . Es también imperativo volver a Trujillo porque la memoria de las víctimas sigue siendo atropellada: cuatro atentados ha sufrido el Parque Monumento a las víctimas. El último de ellos en enero del presente año fue la profanación a la tumba del Padre Tiberio Fernández, considerado el gran pastor y líder comunitario de la zona. La masacre de Trujillo es una masacre continua.

La masacre interminable de Trujillo

Entre 1988 y 1994 en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío (Noroccidente del Departamento del Valle) se registraron según los familiares y organizaciones humanitarias 342 víctimas de homicidio, tortura, y desaparición forzada como producto de un mismo designio criminal . En esta larga cadena de crímenes las desapariciones de la Sonora, la desaparición de los ebanistas, el asesinato del sacerdote Tiberio Fernández y la desaparición de sus acompañantes, ocurridos entre marzo y abril de 1990, marcan el clímax del terror reinante en la zona.

Al hablar de la cadena de eventos sucedidos en Trujillo, la Comisión Investigadora (CISVT) de 1995 con el aval de la CIDH, los tipificó desde el punto de vista jurídico-penal como los "hechos violentos de Trujillo". El GMH no cuestiona la validez de esta denominación, pero reconoce la configuración de crímenes de lesa humanidad en el carácter generalizado y sistemático de las acciones de violencia acaecidas, y sus impactos no sólo sobre la dignidad de las víctimas, sino sobre el conjunto de la sociedad. Por estas razones, porque esos crímenes atentan contra los principios éticos de la moderna legislación internacional, y para que resulte ineludible la reparación integral por parte del Estado para las víctimas sobrevivientes y los familiares se postula el carácter imprescriptible de tales crímenes, cuya sanción debe ser proporcional a su gravedad. Adicionalmente, en el plano político y simbólico, el GMH recurre a la calificación de "Masacre continuada de Trujillo", como forma de reconocimiento de la dimensión colectiva y prolongada de los crímenes que tuvieron lugar en esta zona del Valle, destacando al mismo tiempo la crueldad y la sevicia en la ejecución de los hechos delictivos. La noción de masacre, a nuestro juicio, pone en evidencia, el impacto social y cultural de los mecanismos de violencia empleados. La designación como masacre de la cadena de crímenes es también una opción que afirma la solidaridad con la comunidad de víctimas, y la condena moral a los perpetradores, dado que ese nombre de masacre rompe la pretensión del victimario de ocultar o minimizar sus crímenes.

Trujillo y los nudos de la violencia contemporánea en Colombia

Trujillo es un escenario en el cual son observables múltiples ejes de conflicto, actores y procesos que se entrecruzan, con pesos diferenciados en el desencadenamiento y en el desarrollo de la dinámica violenta. Así entonces, a finales de la década del ochenta, era posible rastrear en el escenario local, de una parte, proyectos expansivos y superpuestos de actores como la guerrilla del ELN, y de organizaciones del narcotráfico, encabezadas por Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias el Alacrán, en cuya finca "Villa Paola" fueron cometidos muchos de los crímenes aquí documentados. De otra parte, se jugaban de forma simultánea, en el campo social y político, pugnas entre facciones partidistas, cuyos pleitos se pueden remontar tan lejos como la Violencia de los años 50, y se adelantaban procesos organizativos comunitarios, auspiciados desde la parroquia Municipal, como las cooperativas campesinas, y un ascendente movimiento campesino, liderado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

La multiplicidad y diversidad de actores, y por consiguiente el abigarrado espectro de cálculos y estrategias de unos y otros, terminará por configurar en Trujillo un campo de tensiones y alianzas en el que se contraponen, para decirlo en términos de Albert Hirschman, "pasiones e intereses".

Es cierto que hubo una acción extorsiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra narcotraficantes de la zona; es cierto también que se produjo una emboscada por parte de una columna de esta misma guerrilla contra un destacamento del ejército en La Sonora, corregimiento del municipio de Trujillo, operación que dejó 11 militares muertos. Pero la masacre continuada que se desató obedecía a cálculos estratégicos de control territorial más amplios de los responsables directos de la misma, a saber, una alianza entre narcotraficantes y agentes locales y regionales de las Fuerzas Armadas, como pudo establecerlo en 1995 la Comisión de Investigación de los sucesos violentos de Trujillo CISVT.

Con el pretexto de una estrategia contrainsurgente se fundará en Trujillo una de las variantes del paramilitarismo: la alianza de agentes del Estado con actores locales o regionales, en este caso del narcotráfico, que perciben a la guerrilla como una amenaza a su poder sea este social, político o económico, y que en su arremetida sangrienta la emprenden contra inermes y humildes pobladores que no alcanzan a descifrar la irracionalidad con que se les perseguía.

La estrategia que se autoproclama contrainsurgente, encubre pues otras lógicas de acción: 'limpieza social', 'limpieza política', y lo que pudiéramos llamar 'limpieza nstitucional'  coacción/eliminación de funcionarios públicos). La masacre se alimenta así de una retórica de la purificación y la asepsia social que le sirve de legitimación frente a algunos sectores del entorno social. Sin embargo, en el contexto de Trujillo la masacre es más que eso. El objetivo subyacente responde a la secuencia o combinación de tres operaciones: sometimiento, desplazamiento y eliminación de determinados sectores de la población, o de una determinada colectividad. Es la imposición a sangre y fuego de una determinada visión del orden o de la seguridad.

La dinámica del Terror: entre la inutilidad de la violencia y su eficacia

Las masacres ocupan un lugar central en la difusión del terror. ¨Las masacres- se ha dicho- son espectáculos de la crueldad"  . Su forma extrema, brutal y sanguinaria, tiene un enorme impacto social y psicológico que se extiende más allá de la memoria colectiva de las comunidades directamente afectadas. La masacre tiene en efecto, una triple función: es preventiva (garantizar el control de poblaciones, rutas, territorios); es punitiva (castigar ejemplarmente a quien desafíe la hegemonía o el equilibrio) y es simbólica (mostrar que se pueden romper todas las barreras éticas y normativas, incluidas las religiosas). Es decir, la masacre introduce una cadena de sentidos que hay que descifrar. La masacre es desde los años 80 el modus operandi dominante de la violencia contra la población civil. Su uso generalizado en los 90 marca la ruptura de todo umbral normativo de la guerra y es el signo más visible de su degradación.

En Trujillo se exhibe un repertorio de instrumentos y procedimientos de tortura y del terror, hasta ese momento inusitado, que se repetirá una y mil veces por la geografía nacional: el uso de motosierras para desmembrar aún vivas a las víctimas, los hierros candentes introducidos en los cuerpos; y la aplicación de sal en las heridas abiertas. Otras formas de tormento infligidas a las víctimas fueron la asfixia con chorros de agua; el martilleo de dedos y el levantamiento de las uñas, en lo que pareciera adivinarse un aprendizaje de las más perversas técnicas de tortura empleadas en las dictaduras del Cono Sur. Tales tecnologías del terror, convertidas en una herramienta de guerra, se tornarían distintivas de la violencia paramilitar contemporánea en Colombia. Una de ellas, la motosierra de Trujillo se replica y se refina hasta dar lugar a las denominadas 'escuelas de descuartizamiento' en otras regiones del país. De esta manera, los suplicios y los mecanismos del horror se repiten en diversos escenarios de manera predecible.

En los tormentos infligidos sobre las víctimas en Trujillo, el exceso se convierte en la medida básica . No importa tanto el objetivo de obtener información o de dar muerte, como el propio mecanismo de humillar, hacer sufrir, prolongar la agonía o intimidar a los sobrevivientes, o a los posibles disidentes. La continuación del ejercicio de crueldad aun después de la muerte, sobre los cadáveres, haciéndolos irreconocibles pareciera en principio, un macabro escenario de "violencia inútil", según la sugestiva fórmula puesta en boga por Primo Levi en sus memorias sobre los campos de concentración. Inútil materialmente, habría que decir, pero tremendamente eficaz simbólicamente. En ese contexto, la recuperación del cadáver es inaceptable para el perpetrador. De hecho, el campesino que rescató de las aguas del río Cauca - el río tumba- el cadáver del Padre Tiberio, párroco municipal, pagó su sentido de humanidad con su propia vida.

La forma como se desarrollaron las atrocidades de Trujillo, dirigidas y ejecutadas por un grupo específico dentro de los perpetradores, es una evidencia de la profesionalización del torturador en la era contemporánea de la violencia en Colombia, que como se dijo desemboca en las conocidas 'escuelas de la muerte'. La profesionalización, lo ha señalado Martha H. Huggins  permite al victimario despersonalizar la responsabilidad en los hechos, transfiriéndola a la plural estructura organizativa: el sujeto actúa en tanto parte de una misión; las acciones que ejecuta cobran sentido dentro de una estrategia mayor. Como habrá de advertirlo el país repetidamente en las últimas décadas, en muchos casos, incluido el de Trujillo, el discurso preventivo de la autodefensa le servirá al victimario para presentarse como víctima inocente. El verdugo transfiere así la responsabilidad/culpabilidad a la víctima: 'no confesó a tiempo', 'se metió en ese tipo de cosas', 'recibió múltiples advertencias', etc.

Para muchos analistas, la deshumanización de la víctima antecede o es condición para el ejercicio de la crueldad por parte del victimario. Descomponer el cuerpo, despedazarlo, desfigurarlo, y desaparecerlo son, desde esta perspectiva, operaciones tendientes a quitarle a la víctima el rostro de humanidad del que es portadora, como una medida extrema de protección del propio verdugo, que, según lo advierte el especialista en estos temas Jacques Semelin no resiste ese encuentro y esa confrontación física con el otro . Hay quienes piensan lo contrario. La masacre y la crueldad extremas no suponen la deshumanización de la víctima. La masacre y la tortura se basan precisamente en el conocimiento del dolor y de la sensibilidad del inmolado, es decir de su humanidad. Por ello, en el ejercicio de la violencia se explotan las peculiaridades sociales, personales, y culturales de la víctima. Es ilustrativa al respecto la intervención de médicos registrada en experiencias similares, la cual tiene por objeto la dosificación del sufrimiento. A las víctimas se les impone, además, la condición de ser testigos del horror. Resultan igualmente dicientes las diferenciadas formas de tortura infligidas en el caso Trujillo al párroco municipal Tiberio Fernández; al círculo íntimo de este (su sobrina); y al cómplice - delator, Daniel Arcila.

El hombre como lo ha probado la experiencia de las guerras es capaz de todo, incluso de lo 'inhumano'. Una de las cosas más dolorosas para las víctimas es descubrir que sus verdugos no son personajes lejanos, sino hombres comunes y corrientes que pertenecen al "nosotros". En esa medida hay una resistencia a reconocer la proximidad del verdugo.

La impunidad y las batallas por la memoria 

Más allá de las acciones de crueldad ocurridas, en Trujillo se detectan otras formas de agresión a las víctimas. La impunidad es una de las más persistentes.

La denuncia de los hechos de Trujillo por las víctimas ante las instancias judiciales nacionales se apoyó en gran medida en la información aportada por Daniel Arcila Cardona, quien fuera cómplice de la alianza criminal, y posteriormente testigo de excepción. Pese a su testimonio y a las numerosas pruebas aportadas, la respuesta de las autoridades, contra toda evidencia, fue la exoneración de los presuntos responsables, en los niveles penal y disciplinario. A la participación directa de agentes del Estado en los hechos criminales se suma entonces la inoperancia, desviación o corrupción de los aparatos de investigación y de justicia.

Los recursos judiciales no son los únicos en la producción de la impunidad. Los victimarios y sus soportes políticos o mediáticos en todas las instancias le dan carta de credibilidad o apoyo abierto a los cómplices y le ponen un sello de sospecha criminal a los reclamos de las víctimas y sus deudos. Esto obliga a las víctimas a buscar, más allá del teatro de los acontecimientos, apoyo externo en una periferia humanitaria, que incluye a nivel nacional e internacional, Organizaciones No Gubernamentales (ONG); iglesias; sindicatos y fuerzas políticas.

En el nivel jurídico, las víctimas acudirán a una instancia internacional, a saber, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar trámite a las denuncias y a las pruebas de las acciones de violencia y presuntos responsables de la tragedia, ignoradas o subvaloradas en el país. El caso Trujillo se convierte así en un importante precedente regional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La violencia interna, la de ayer y la de hoy, dejó de ser un asunto exclusivamente doméstico.

Como resultado de los acuerdos entre el Estado y la comunidad de víctimas surgió, ante la CIDH, la "Comisión de Investigación de los Sucesos violentos de Trujillo" (CISVT), para analizar y revisar el proceso judicial adelantado en Colombia. Esta Comisión constituye una primera reconstrucción histórica de los hechos, en la cual el Estado participa y acepta su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad denunciados.

En el caso Trujillo es posible rastrear todo un conjunto articulado de mecanismos tendientes a asegurar la impunidad de lo sucedido, como habría de verificarlo en 1995 la CISVT . Dentro de ese entramado de impunidades, unas de tipo jurídico y otras de carácter político deben resaltarse:

Los intentos de invalidación como testigo de excepción de Daniel Arcila Cardona mediante la desacreditación no sólo de su condición personal y de salud mental, sino también de su núcleo familiar y su entorno social

• La desaparición o alteración de pruebas y peritajes
• Las intimidaciones a los familiares de las víctimas y pobladores de la zona
• La criminalización de las víctimas, señaladas como auxiliadores de la guerrilla
• La fragmentación de la investigación criminal, convirtiendo en casos lo que es parte de un mismo proceso delictivo.
• El sobredimensionamiento de los discursos legitimadores de los perpetradores y sus abogados, en detrimento de la palabra y las pruebas de las víctimas y sus voceros.
• Y como culminación, la desaparición forzada del testigo central de los acontecimientos, Arcila Cardona.
• En suma, en el proceso seguido hay una puesta en acción de eventos criminales y también de recursos sociales y legales encaminados, no a esclarecer, sino a encubrir.

Como lo señalaron investigadoras de la Universidad del Valle sobre la masacre de Trujillo:

"la impunidad no se produce por la ineficacia del Estado ni por falta de información ni de recursos técnicos, o por su incapacidad para dar respuesta a estas situaciones. Por el contrario, hace parte de la lógica que rodea y/o determina estos crímenes. Es precisamente esta impunidad la que brinda todas las garantías para que los crímenes sigan siendo cometidos, para que los victimarios puedan seguir actuando, para que los responsables no sean castigados"

La impunidad es una prolongación de las relaciones de poder intervinientes en la ejecución de la masacre , y precisamente por ello es sentida por las víctimas de Trujillo como una forma de violencia y perpetuación de las dinámicas locales que la hicieron posible. En efecto, las instituciones estatales no operaron en el marco del estado de derecho: fallaron no solamente por omisión sino también por haber coadyuvado a la ejecución de la acción criminal. Adicionalmente, la ausencia de castigo a los victimarios del Caso Trujillo, antes y después de la aceptación de responsabilidad del Estado ante la CIDH, configura una 'doble impunidad', que sin duda, minará la credibilidad en las vías jurídicas y en las salidas negociadas. En este escenario resultan más que predecibles los niveles de desconfianza de las comunidades hacia las instituciones, documentados en la reciente encuesta de Capital Social del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) .

La impunidad tiene también enormes impactos psicosociales en las comunidades afectadas: "el dolor de la masacre se prolonga con el dolor de la injusticia". La absolución de los perpetradores hace palpable para las víctimas la persistencia de la amenaza, y profundiza los sentimientos de desprotección. De ahí, en un primer momento, el miedo permanente a una nueva victimización; el ocultamiento de los liderazgos sociales; y la postergación del duelo público. Al respecto vale la pena resaltar que sólo al cabo de cinco años, pudo realizarse una ceremonia pública en Trujillo en recordación de las víctimas. Del mismo modo, la impunidad dejó en suspenso la sanción pública y moral de los perpetradores, y la restitución de tanto la honra como la dignidad de las víctimas, procesos que entraña la aplicación de la justicia. Aunque las conclusiones de la Comisión de investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT) significaron un avance en el establecimiento de la verdad de lo sucedido, y la aceptación de responsabilidad por parte del Estado, la impunidad reiterada y el aún inconcluso proceso de reparación simbólica y material, hacen que el reconocimiento oficial y la petición de perdón presidencial parezcan simplemente asunto de retórica política.

Guardianes de la Memoria y Resistencia

Trujillo ilustra con elocuencia, la larga y a menudo frustrante espera por la verdad, la justicia y la reparación, es decir, la deuda nunca saldada con las víctimas. No obstante, mientras más flaquea la verdad judicial, más centralidad adquiere para las víctimas la reconstrucción de la memoria histórica. Trujillo es así también emblemático de la incansable lucha de los guardianes de la memoria que denuncian, se organizan, se movilizan.

Son numerosas las formas con las que se intentó silenciar u ocultar lo sucedido en Trujillo: la impunidad judicial; los duelos reprimidos por la coacción de los victimarios; y la ostentación de poder de los perpetradores. Pero son numerosas también las expresiones de resistencia, de solidaridad y los recursos de memoria puestos en acción por las víctimas.

En el proceso de construcción de memorias seguido en Trujillo se pueden distinguir las siguientes dimensiones o énfasis en ciertos aspectos. La denuncia, es la primera forma y registro de la memoria de las víctimas. El acopio de pruebas, testimonios e informaciones encabezado por el Padre Javier Giraldo, defensor de derechos humanos y miembro de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz (CIJP), constituyen su materialización.

Las "batallas por la memoria", sin embargo, no sólo se libran en los estrados judiciales. La memoria se traduce igualmente en un proceso organizativo entre y para las víctimas. Es el momento, - de la mano también de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz (CIJP)-, de la constitución de una red de apoyo social: la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT). Así se inicia un proceso de recuperación de la confianza, de fortalecimiento de la cohesión interna de las víctimas, en suma, la creación de una comunidad de duelo que asume por si misma tareas básicas de reparación.

Las mujeres víctimas han sido las grandes animadoras de este proceso organizativo, del cual ha sido soporte admirable en los últimos años una religiosa, la hermana Maritze Trigos. Ellas se han lanzado al ámbito público a denunciar, a exigir. Y como en otros lugares de la geografía del país en Trujillo sus luchas se han articulado a los movimientos de defensa de los derechos humanos y han adquirido un lenguaje político que ha permitido comenzar a visibilizar memorias suprimidas asociadas a los derechos específicos de las mujeres en su intimidad y vida cotidiana.

Una tercera dimensión la constituye la proyección de la memoria de las víctimas más allá del espacio local. La comunidad de víctimas de Trujillo (AFAVIT) se amplía integrándose al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado a nivel nacional e internacional. Las tareas de solidaridad encuentran articuladores sociales y políticos en nuevos escenarios y con nuevos actores. Al sentido comunitario se añade la proyección política.

En la actualidad se vislumbra una cuarta transición, a saber, el paso de una comunidad de duelo a una comunidad de derechos. En este proceso la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz (CIJP), la Comisión Colombiana de Juristas, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, han contribuido, en diferentes momentos, a crear para la comunidad de víctimas espacios para el reconocimiento, de construcción y aprendizaje de instrumentos de pedagogía humanitaria; y para la protección frente a los enemigos reales o potenciales. En este recorrido las mujeres, forzadas por la violencia, dieron el salto de la "vida privada" a la escena pública al tener que asumir el relevo de los liderazgos familiares y sociales que ejercían los hombres, asesinados o desaparecidos.

Identificar, dignificar y humanizar son tareas permanentes de los mediadores de la memoria, y a su vez son demandas incesantes de las víctimas y sus asociaciones. AFAVIT y recientemente, La Orden Perdida encarnan esta misión en Trujillo con diferentes énfasis y proyecciones. En el caso de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (AFAVIT), la dimensión reivindicativa en los planos social y político de la Masacre de Trujillo constituyen el recurso movilizador que aglutina a la población victimizada, en el plano local, y asimismo la articula a comunidades de derechos humanos de los niveles nacional e internacional. Por su parte, el naciente proyecto de la Orden Perdida, de composición esencialmente juvenil, se propone repensar la identidad de Trujillo apelando a estrategias de tipo lúdico-cultural.

Nunca se insistirá demasiado en el hecho de que en un contexto de conflicto abierto, como el actual en Colombia, la "memoria de Trujillo es una memoria amenazada", cuando no simplemente agredida. En ese contexto, cuyos factores de violencia siguen presentes, las víctimas y las comunidades desarrollan estrategias de sobrevivencia y de resistencia, más que de transformación de los poderes locales y regionales. La actitud defensiva y a menudo auto-referenciada de la memoria tiene aún primacía en un escenario como el de Trujillo. Sin embargo, no es la voluntad de las víctimas, sino el efecto de la violencia continuada el que obliga a estos repliegues, no comprendidos por foráneos, e incluso por otros sectores de la población local. Hacia adelante, sin embargo, los "guardianes de la memoria" en Trujillo pueden y deben ser una suma o alianza de actores sociales y políticos, estatales y no estatales, nacionales e internacionales, más amplia y plural. Se hace necesario el diálogo entre las comunidades víctimas y el resto de la sociedad si se quiere evitar el confinamiento y la marginación de la memoria de la Masacre y si se quieren potenciar las lecciones.

Hay que subrayar de otra parte que en Trujillo el discurso religioso juega un papel prominente en la elaboración del duelo, en los procesos organizativos y en el otorgamiento de sentido a la violencia sufrida. Este protagonismo está asociado de manera determinante al macabro asesinato del sacerdote y líder comunitario local, Tiberio Fernández Mafla. Su desaparición y asesinato impactará no solamente el sentimiento religioso local sino nacional, como se evidenció de una parte, en la concurrencia de sesenta sacerdotes provenientes de todo el país en las honras fúnebres, presididas por dos Obispos de la región, y de otra, en la sanción canónica de excomunión a los asesinos, denominados como "verdugos del calvario" en la homilía. La crueldad del crimen ejecutado contra el párroco rompió todos los límites simbólicos y culturales de la violencia, y representó una transgresión violenta al sentimiento religioso de las comunidades agrarias andinas.

Tiberio, arcipreste de la región, se convertirá en el símbolo de la Masacre de Trujillo, al encarnar el dolor infligido a todas las víctimas de los hechos violentos. Estos a su vez son representados como un vía crucis en el monumento erigido en homenaje a las víctimas. El imaginario católico se convierte así en un recurso para la búsqueda de sentido a la brutalidad; y un canal de articulación de los diferentes elementos de la tragedia.

La presencia de la dimensión religiosa en torno a la Masacre se ve reforzada por la acción de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, organización intereclesial de defensa de los Derechos Humanos como abanderada del proceso judicial y de apoyo a las víctimas. Fue Justicia y Paz la que le imprimió su característico sello religioso -político a las diferentes expresiones de memoria, tales como el monumento, los documentos escritos, registros visuales, y las peregrinaciones. Estas últimas son prácticas de movilización social en las cuales periódicamente confluyen delegaciones de víctimas y de organizaciones de derechos humanos de Colombia y el exterior. Trujillo es quizás una de las experiencias de mayor creatividad cultural y simbólica en Colombia, generada en el proceso de confrontación de la violencia. El monumento de Trujillo puede ser interpretado como una cosmogonía del sufrimiento, y un panteón a sus aliados nacionales e internacionales en la resistencia. A partir de una comunidad religioso - moral se construye pues una comunidad cívica.
Las víctimas y sus organizaciones libran en Colombia una lucha prometeica contra la violencia y por la memoria. Es una obligación ética y ciudadana de todos brindarle espacio social e institucional a sus legítimas aspiraciones.

Criterios para construir la memoria

Trujillo es un caso límite por la atrocidad de lo allí acontecido y por la repetida vulneración de los derechos de las víctimas por parte de numerosos actores, incluido el Estado. Trujillo ilustra el impacto desarticulador del terror que han vivido tantas comunidades y las dinámicas perversas del conflicto armado interno en todo el país. Trujillo ofrece la oportunidad de abordar una memoria histórica que sigue teniendo numerosos rasgos de presente.

El GMH inicia con el estudio de la Masacre de Trujillo la construcción de la memoria histórica del conflicto armado interno en Colombia. Este ejercicio se funda en la convicción de que es posible establecer un vínculo indisoluble entre la construcción de memorias y la construcción democrática. Se trata de un proceso que parte del reconocimiento de:

El carácter político de la memoria. La memoria es un campo de lucha en el que se dirime qué versión del pasado debe prevalecer en función del futuro que se quiere construir. Pero la memoria se construye desde relaciones asimétricas. Es decir, no todas las memorias acceden en igualdad de condiciones a la escena política. Indígenas y campesinos no están en posiciones equivalentes a las élites. Las víctimas no tienen los mismos recursos para decir su verdad que los victimarios.

El papel fundamental de la memoria histórica en los procesos de democratización en situaciones de conflicto. Uno de los temas de debate en una transición, por precaria que esta sea, es precisamente el de la evaluación del pasado traumático y de las responsabilidades sociales, institucionales e incluso criminales frente a este. Memoria y democracia están íntimamente ligadas. Se hace memoria y se construye verdad para que le sirva a las víctimas y a la sociedad, para la transformación del pasado que se quiere superar.

La memoria histórica no es de ningún modo sustituto de la justicia. Es un escenario de reconocimiento de las diferencias con miras a un proyecto incluyente, y en ese sentido es también una plataforma para el diálogo y la negociación.

La memoria es en sí misma una forma de justicia. Esto es particularmente válido en casos donde la institucionalidad ha fallado de manera protuberante. A través de la memoria se responsabiliza a los perpetradores y se hacen visibles las impunidades y los silencios. Cuando flaquea la verdad judicial, se eleva el papel de la memoria: esta se convierte en el nuevo juez.
La memoria histórica es una forma de reparación. Ella hace parte de los reclamos esenciales de las víctimas. En otros términos, la memoria es una instancia de reconocimiento del sufrimiento social que fue negado, ocultado o suprimido de la escena pública bajo el impacto mismo de la violencia. No se trata sólo o preponderantemente de la compensación económica, sino de respuestas a las preguntas que persiguen la mente de las víctimas: qué pasó? Quién lo hizo? Por qué lo hizo? Dónde, cómo y cuándo?

La memoria es un mecanismo de empoderamiento de las víctimas. En el ejercicio de memoria las víctimas individualizadas, locales y regionales, pasan a víctimas organizadas, víctimas-ciudadanos, creadoras de memorias ciudadanas. En Colombia la violencia paraliza y destruye, pero también ha obligado a la movilización y generación de nuevos liderazgos.

Hacer memoria es en todo caso recuperar sentido. Esto exige adentrarse en los contextos, interpretar a los actores sociales y políticos, en sus relaciones, motivaciones, estrategias y discursos, y dar cuenta del juego de reciprocidades de los diferentes niveles (nacional regional y local) en la producción de la violencia y construcción de la memoria. Hechos, contextos y actores son las tres dimensiones desde las cuales se aborda la trama que se teje entre violencia y memoria. Pero el trabajo de la memoria exige no sólo rigor académico, sino además compromiso ético, capacidad y sensibilidad para hacer propia la experiencia humana del dolor y el sufrimiento ajeno. En un contexto de tragedias humanas como el nuestro, la investigación debe ser social no sólo por su objeto, sino también por su vocación. Todos los centros de investigación del país tienen una misión que cumplir en este terreno.

Muchas cosas están pasando en Colombia hoy. Y una de las más importantes es que pese a las estructuras del miedo, las víctimas, la sociedad y las instituciones han comenzado a hablar. Es tiempo de hacer memoria.

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