Marzo 9 de 2007
La ley de la jungla
Procuraduría y Fiscalía han recibido 17 denuncias sobre relaciones de directivos de la Universidad de La Amazonía con mafiosos y paramilitares.
LOS COLOMBIANOS Nancy Liliana Torres Motta y su esposo Robinson López, manejaron en Montevideo, Uruguay, una operación de compra de embriones para la industria ganadera que, en febrero de 2006, fue calificada por la Fiscalía colombiana como una "negociación de mampara" para el lavado de 1,3 millones de dólares de la organización del narcotraficante Luis Enrique, Micky, Ramírez.
Nancy Liliana, hija del rector de la Universidad de La Amazonía, Luis Eduardo Torres, y López, antiguo asesor del programa de Veterinaria y Zootecnia de ese centro educativo con sede en Florencia, Caquetá, han representado en Montevideo a Agrolife S.A., una empresa unipersonal de Micky Ramírez que, en el momento de la negociación de los embriones, estaba registrada en la Cámara de Comercio. Sin embargo, la Dijín descubrió que sólo una mínima parte de los 29.000 millones de pesos destinados a esa compra fue a parar a la empresa uruguaya Embryo Tech, y que el resto se perdió en una red de más de 800 falsos ganaderos que resultaron ser empleados o testaferros de Ramírez.
Por los mismos días de la supuesta compra de los embriones, la Dirección Nacional de Estupefacientes le confió a la Universidad de La Amazonía la administración de las fincas El Puerto, San Julián y La Virginia, de propiedad de Leonidas Vargas, jefe del cartel del Caquetá, situadas en la vega del río Hacha, unas de las tierras más productivas de la zona la rural de Florencia. Los predios fueron ocupados con fines de extinción de dominio y, en su momento, el presidente del Consejo Superior de la Universidad, Javier Roberto Camacho, y el entonces rector Óscar Villanueva, anunciaron que abrirían allí nuevas aulas para fortalecer los programas agropecuarios.
Los anuncios no se hicieron realidad y las fincas acabaron convertidas en sitios de recreación de los directivos de la Universidad y sus amigos, y el Alcalde de Florencia llevó reses de su propiedad para que pastaran en los potreros. Luego, la Universidad decidió subarrendar las fincas al Fondo Ganadero del Caquetá, presidido por Carlos Bustos, casado con una cuñada de Micky Ramírez, y quien fue detenido con éste por lavado de activos.
Estos son apenas dos episodios que muestran cómo los tentáculos de Ramírez y su poder mafioso han rondado la Universidad. Pero, además, las autoridades han descubierto otros casos que despiertan muchas sospechas. Por ejemplo, su rector actual, Luis Eduardo Torres, es tío de Johan y Julián Torres que, según la Fiscalía, manejaban las finanzas del bloque Andaquíes de las Auc.
Martha Susana Hernández, cuñada del rector, también profesora de la Universidad, era gerente regional de Corpavi cuando los auditores de la entidad descubrieron manejos irregulares para el lavado de activos, y estuvo casada con un abogado asesinado en un ajuste de cuentas entre paramilitares y narcotraficantes. Para rematar, Leonidas Rico, miembro del Consejo Directivo, es tío de Antonio Fajardo Rico, condenado por testaferrato y lavado de activos para el grupo de Macaco.
La Procuraduría y la Fiscalía han recibido 17 quejas y denuncias sobre las relaciones de directivos con sectores de la mafia y paramilitares, y una red de intereses que ha permitido asegurar en los últimos 10 años el manejo de la Universidad por unos pocos.
Normas por la faja.
Enviados de CAMBIO a Caquetá tuvieron acceso a documentos que prueban que, incluso los estatutos de la Universidad y los acuerdos del Consejo Directivo, han sido manipulados para mantener al rector y otros directivos en sus cargos a pesar de que esto viola el régimen de inhabilidades y las normas sobre conflictos de intereses. "Esa ha sido una estrategia para mantener la maquinaria del poder en esa institución pública que maneja un presupuesto anual de 19.000 millones, tiene autonomía para contratar y recibe 6.500 millones sólo por concepto de las pensiones que pagan sus 5.000 alumnos", asegura un investigador de la Procuraduría.
Entre los documentos figuran constancias aportadas a la hoja de vida del rector Torres para acreditar una experiencia que no tiene. Una de ellas dice que fue gerente administrativo de la empresa Sánchez Lubricantes de Florencia y en una fotocopiadora de propiedad de una de sus hijas, cargos que habría ejercido en forma paralela con el de docente de tiempo completo en la Universidad y profesor de un colegio público.
Además, figuró como contratista de Fundamaz. Sin embargo, a la hora de avalar su elección para el período 2005-2007, el Consejo pasó por alto normas que prohíben el ejercicio simultáneo de dos cargos públicos o el desempeño paralelo de cargos públicos y privados.
Torres le ganó la disputa por el cargo a Bernardo García Quiroga, un prestigioso educador con doctorado en Cuba. Las condiciones de la elección fueron tan sospechosas que Yesid Beltrán Barrera, delegado del Presidente de la República en el Consejo, se abstuvo de votar.
El 31 de enero de 2004, durante un consejo comunitario en Florencia, el presidente Álvaro Uribe fue informado sobre lo que estaba sucediendo en la Universidad y de inmediato pidió una investigación. Pero hoy, más de tres años después, no ha llegado a ninguna parte. Conocedores de la situación consultados por CAMBIO en Florencia, dicen que la investigación se ha bloqueado porque existe una rosca que impide avanzar.
Según las fuentes, la rosca incluye a familiares de los directivos que han sido nombrados en los principales cargos de docencia. Por ejemplo, Larissa Tatiana Ramírez, jefe del programa de Inglés, nombrada por los dos últimos rectores -Oscar Villanueva y Luis Torres-, es hija de Leonidas Rico Martínez, representante de los egresados en el Consejo Superior, y quien participó en las elección de los dos.
Por otra parte, Silvio Muñoz Cuellar, decano de la facultad de Educación, fue miembro del Consejo Superior y contratista la mismo tiempo, y su esposa Alicia Correa fue nombrada directora del programa de Educación a Distancia. "El Consejo Superior no representa los intereses de la sociedad ni de la comunidad universitaria -le dijo a CAMBIO un representante de la asociación de profesores-. Es una microempresa electoral en la que juegan intereses oscuros".
Para completar, el representante de la ministra de Educación en el Consejo de la Universidad, Roberto Javier Camacho Cortés, no es funcionario del Ministerio, como lo exigen las normas, sino asesor del ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
Todo huele mal en la Universidad de La Amazonía y si los organismos de control no intervienen rápido, ese centro educativo podría correr la misma suerte de las universidades de Córdoba y Magdalena, donde la injerencia paramilitar y mafiosa han escrito páginas sangrientas.