Llegan cartas

Foto: Joana Toro

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CANSADO E IMPOTENTE ante lo que ocurría a su alrededor, William Baquero Namen, un veterano abogado que se desempeñaba como director seccional de la Fiscalía en Córdoba, decidió prender alarmas. Entre el 6 de octubre de 2006  y  el 16 de febrero de 2007 envió cartas a la directora nacional de Fiscalías, Alicia Ledesma, en las que denunciaba numerosas irregularidades en la entidad regional. Entre ellas, el archivo de más de 10.000 investigaciones que, entre otras cosas, comprometían a políticos del departamento.

En la misiva, fechada el 6 de octubre de 2006, Baquero dice que en siete meses, la Fiscalía Séptima, a cargo de Luis Gutiérrez Montiel, profirió 12 resoluciones inhibitorias, nueve preclusiones y ninguna medida de aseguramiento. Pese a esto, Gutiérrez fue ascendido a fiscal delegado ante el Tribunal Superior de La Guajira con un salario superior a 13 millones de pesos.

Sobre el fiscal 11 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Jairo Raúl Ruiz, afirma que en los mismos siete meses expidió 26 resoluciones inhibitorias, 21 preclusiones y ninguna medida de aseguramiento. Y algo similar sostiene de Rubén Díaz Vergara, fiscal 14 de la misma unidad, que dictó 18 resoluciones inhibitorias, 21 preclusiones y ninguna medida de aseguramiento.

Las quejas de Baquero se extienden a Tierralta, reconocido fortín paramilitar, donde encontró que el despacho 22 de la fiscalía regional no tramitó 450 denuncias penales por homicidio y desaparición forzada. "Circulan rumores de que hay fiscales y empleados que se han venido lucrando ilícitamente de su actividad judicial y han incrementado sus patrimonios dice Baquero en su carta. Les sugiero que se ordene verificar el patrimonio de cada uno de los señores fiscales. Desafortunadamente, tenemos delincuentes incrustados en nuestra institución". 

No obstante la gravedad de las denuncias, el silencio de Bogotá fue la única respuesta que recibió Baquero y por eso decidió escribir otra carta a la señora Ledesma.

Secreto a voces

En misiva fechada el 13 de febrero, tras afirmar que el año pasado la Fiscalía de Córdoba profirió 6.643 resoluciones inhibitorias, precluyó 4.207 investigaciones y dictó 567 medidas de aseguramiento, Baquero dice que es un secreto a voces que muchos fiscales y empleados de la regional han sido recomendados por influyentes políticos y que por consiguiente "la imparcialidad e independencia de algunos de estos se ve menguada y en otros casos plenamente sometida".

Como no obtuvo respuesta, el 16 de febrero remitió otra comunicación a la Directora Nacional de Fiscalías y le sugirió  integrar un comité auditor en Bogotá para investigar los despachos seccionales, locales y especializados. "Hago un llamado desesperado a su despacho a fin de que dirijan con suprema urgencia su atención a este departamento", dice Baquero en su carta.

¿La respuesta? Baquero fue trasladado a la dirección seccional de la Fiscalía del Magdalena y en su reemplazo fue nombrada Perla Dávila Martínez, abogada de carrera de la Fiscalía, investigada por falsedad en documento público y peculado cuando era directora seccional del Atlántico, pero según ella esas investigaciones fueron archivadas.

CAMBIO buscó a la directora de fiscalías, Alicia Ledesma, quien aseguró que su despacho tramitó a tiempo las quejas del fiscal Baquero, que envió una comisión a Córdoba y que trasladó a Bogotá los procesos más sensibles de corrupción. "Hice lo que tenía que hacer", aseguró Ledesma, pero su explicación no parece suficiente porque las cartas de Baquero mostraron un negro panorama que merece toda la atención de la cúpula de la entidad.