Regreso forzoso

Foto: Andrea Moreno

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ESTA SEMANA, cuando abra la valija diplomática, Luis Camilo Osorio, embajador de Colombia en México, quedará notificado de que deberá rendir indagatoria en el primero de tres procesos judiciales relacionados con la posible injerencia de paramilitares durante su gestión como Fiscal General de la Nación. Se enterará, además, de que debe viajar a Bogotá para comparecer ante la Comisión de Acusación de la Cámara, porque el representante investigador, Germán Olano, autor de la decisión, se opuso a que la diligencia se cumpliera en Ciudad de México. Según Olano, independientemente del rango de Osorio, el tratamiento debe ser el mismo que da la ley a cualquier procesado.

El proceso será punta de lanza de la investigación parlamentaria ligada al fenómeno de la parapolítica y es consecuencia de una denuncia presentada hace cinco años por el congresista del Polo Gustavo Petro, quien fue acusado por Osorio de haber creado una nómina de informantes en la Fiscalía. La sindicación la hizo el entonces Fiscal General después de un debate en el que Petro presentó evidencia de que funcionarios de la Fiscalía en Norte de Santander estaban al servicio de los paramilitares y habrían influido en cambios realizados en la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

Durante la indagatoria Osorio tendrá que defenderse de cargos por injuria y calumnia, pero ahí no paran las investigaciones. CAMBIO conoció que con su airada reacción de entonces y con las decisiones que tomó al calor de la controversia, Osorio, sin proponérselo, dio pie para que el abrieran otros dos expedientes que podrían comprometerlo en conductas más graves.

Según funcionarios de la época, el ánimo de retaliación llevó a Osorio a despedir a Richard Maok Riaño Botina, un investigador del CTI experto en rastrear sistemas y comunicaciones de la guerrilla, pues creía que era una de las fuentes de Petro y que con su salida comenzaría a romperse "la cuerda de los desleales". La decisión se le devolvió como un bumerán, pues Riaño Botina, que entonces no conocía a Petro, decidió buscarlo para entregarle información que de ser verificada como cierta, no dejará dudas sobre la infiltración paramilitar durante la gestión de Osorio.

Información valiosa

Cuando Riaño pidió a las autoridades protección en el exterior, dijo que lo hacía porque lo que le había dado a Petro era un verdadero "tesoro informativo". De él hacen parte grabaciones, mensajes electrónicos y comunicaciones decodificadas que podrían servir no sólo para esclarecer algunos crímenes, sino para reabrir procesos contra paramilitares, que fueron cerrados durante la administración de Osorio.

El caso que dio lugar a que el embajador Osorio fuera vinculado formalmente a un proceso que, de prosperar, podría conducir a una declaratoria de indignidad para el ejercicio del cargo, durmió el sueño de los justos durante casi un lustro en las carpetas donde están archivados los expedientes asignados por la Comisión de Acusación al representante Jorge Luis Feris Chadid -hermano del comandante 08, desmovilizado de las Auc- hoy investigado por la Corte Suprema por haber firmado el llamado Pacto de Ralito.

La apertura del proceso y el llamamiento de Osorio a indagatoria fue precedido por una serie de dificultades. En primer lugar, durante una visita de inspección, delegados de la Procuraduría descubrieron que el expediente estaba desmembrado y que algunas partes habían desaparecido. "Es cierto -asegura Olano-. Desapareció una grabación de video aportado por un medio de comunicación y fue necesario reconstruir algunos folios y reordenar la mayoría de ellos". En segundo lugar, las indagaciones habían quedado en el limbo por una decisión de Feris Chadid, que acumuló los tres procesos en uno solo, lo que impedía que la Comisión tuviera claridad a la hora de calificar las faltas y distinguir entre estas y posibles delitos.

La decisión de Olano implica que cada caso debe ser examinado en forma separada, pues aunque la Comisión cumple tareas judiciales, su función no es la de investigar delitos sino conductas que puedan comprometer la responsabilidad política del Presidente, los magistrados de las cortes y altos funcionarios, incluido el Fiscal. El juzgamiento de los delitos es competencia exclusiva de la Corte Suprema.