Gobierno le apuesta a macroproyectos en todo el país

El Gobierno invertirá unos 180.000 millones de pesos en viviendas de interés social en 2010.

"Ante la falta de tierra y el creciente déficit de vivienda -que asciende a 1,3 millones- este modelo de construcción y de gestión de suelo es una alternativa que comienza a dar sus frutos en diferentes regiones del país", comenta el viceministro de Vivienda,  Luis Felipe Henao, quien recuerda que a la fecha hay diez macroproyectos adoptados y en ejecución. Los restantes están en proceso de identificación y formulación.

Según el Viceministro, la inversión del Gobierno suma 187.028 millones para las vigencias 2010-2011, aproximadamente, no solo para oferta social sino para vivienda de interés prioritario, donde está la mayor demanda.

 El potencial es de 149.000 viviendas, 50 mil con suelo habilitado y 25.000 construidas este año, anota el funcionario, quien agrega que este instrumento surgió de la política habitacional del Plan Nacional de Desarrollo y se adelantará gradualmente,  de acuerdo con la evolución de los subsidios y las ventas.

A los  macroproyectos de Cartagena, Cali y Barranquilla hay que sumarles uno de reubicación en Cascajal, Buenaventura; Ecociudad Navarro, también en Cali; Nuevo Occidente, en Medellín; Bosques de San Luis, en Neiva; Centro Occidente San José, en Manizales; Ciudad Verde, en Soacha, y Gonzalo Vallejo Restrepo, en Pereira, con un área total de 1.915 hectáreas y un potencial de 112.000 soluciones de vivienda.

 En trámite se destacan La Giralda, en Dosquebradas; otro de reubicación de alto riesgo en Tumaco; Pienta, en Bucaramanga, y La Italia, en Palmira.

 Hoy, la figura de los macroproyectos se constituye en la única forma para construir vivienda digna y contrarrestar el problema de la falta de tierra, asegura Eduardo Pizano, ex ministro de Desarrrollo, quien identifica la construcción a gran  escala como una herramienta única para edificar con el valor agregado de vías, servicios públicos, parques y equipamientos.

 El caso de Villas de San Pablo, en el suroccidente de Barranquilla, es una muestra de los alcances del proceso.  Tiene restaurantes comunitarios a cargo de varias mujeres cabeza de hogar que viven en la urbanización, comités de educación, ambientales y e salud; además, los propietarios que optan por mejorar la vivienda o ampliarla, de acuerdo con sus posibilidades, pueden acceder a una bodega que ofrece los insumos necesarios para tal fin.

 A esto hay que agregarle el trabajo social de los gestores de las obras por medio de charlas informativas y asesoría sobre el trámite del subsidio familiar, que se constituye en elemento fundamental para los interesados en ser propietarios.

 Según Álvaro José Cobo, presidente de la Asociación Colombiana de Cajas de Compensación (Asocajas), estas entidades promueven los planes de vivienda a través de la gerencia en los macroproyectos de Cali, Buenaventura, Medellín y Neiva.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para esta figura, la cual está demandada porque algunos municipios consideran que la gestión del Gobierno va en contravía de su autonomía. El viceministro Henao considera, sin embargo, que la posición de las administraciones municipales es absurda, pues "las acciones de planeación, financiación y gestión del suelo cuentan con el acompañamiento de los municipios".

El funcionario advierte que en vista de que no existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el tema, los macroproyectos se encuentran en el ordenamiento jurídico y, por esto, el Gobierno sigue adoptando este instrumento.

 La lentitud en la expedición de los planes parciales -que puede demorar entre tres y cinco años, y que es responsable de la insuficiente oferta de suelo urbanizable y del  aumento de los precios de la vivienda- se contrarrestó para sacar adelante los macroproyectos.

 Hoy, la norma posibilita de manera ágil y articulada con los municipios su adopción en, máximo, diez meses, lo que seguramente impulsará el tema durante este año, cuando se espera que la oferta de vivienda social reporte cifras al alza. Por lo menos, así cerró 2009. 

Medidas de choque

Desde el 16 de diciembre de 2009, la población en situación de desplazamiento cuenta con 2'349.500 pesos más en la asignación del subsidio familiar de vivienda para la adquisición de oferta nueva o usada.  La idea, según el Ministerio de Ambiente, es promover la inclusión social de las familias desplazadas y dinamizar el sector.

Por otra parte, la alternativa de comprar una casa o apartamento, luego de habitarlos en arriendo, podría ser parte de la solución para atender el déficit habitacional del país. Según la presidenta de Camacol, Martha Pinto de De Hart, la figura de leasing habitacional forma parte de las medidas de gran escala que se deben asumir para atender el déficit. El leasing se ha trabajado en Colombia, especialmente en los estratos medio alto y alto, y podría implementarse en los estratos bajos.