Noviembre 11 de 2009
Ejecución y culminación de planes de agua está retrasada
Conozca los detalles del conflicto entre el Gobierno Nacional y los departamentos que no permiten el avance.
No son pocos los cuestionamientos que le han llovido a los denominados Planes Departamentales de Agua (PDA), entre ellos la claridad sobre las normas de contratación para garantizar el servicio de acueducto y alcantarillado, las firmas a las cuales se les ha entregado la construcción de los planes en 12 departamentos y el cumplimiento del cronograma de ejecución.
La Contraloría General de la República, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal) y la Cámara Colombiana de la Infraestructura han estado en primera fila entre los críticos de estos planes, que en cuatro años demandarán una inversión de 9 billones de pesos.
Ahora el turno corre por cuenta de la Procuraduría General de la Nación, que a través de un oficio dirigido al propio ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa Posada, enumera una serie de preocupaciones que tiene con relación a la autonomía territorial y descentralización administrativa, en torno a la ejecución, desarrollo, seguimiento y participación de las distintas instancias en los PDA.
Y es que como en esos planes participan las gobernaciones, las alcaldías, el Gobierno Nacional y hasta las corporaciones autónomas, y se utilizan recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones, de las regalías, de las autoridades ambientales, recursos propios de las entidades territoriales o "cualquier otra fuente de recursos que pueda o deba aportarse", a la Procuraduría le preocupa por ejemplo la injerencia del Gobierno en las decisiones territoriales, o el hecho de que el Ministerio de Ambiente ejerza funciones de seguimiento y control, así como tareas de ejecución y administración de los recursos.
El llamado de atención del Ministerio Público ha llevado a que desde la cartera de Ambiente se trabaje justamente en la conformación de una mesa de trabajo que permita poner los puntos en blanco y negro, así como establecer con exactitud cuáles son las problemáticas planteadas y definir los correctivos en los casos en que se encuentren divergencias.
Las observaciones
Pero, ¿qué es exactamente lo que le preocupa al Ministerio Público? A través de un oficio de 18 páginas, que el Minambiente califica como documento de trabajo, la Procuraduría sugiere, entre otras cosas, que las normas que hablan sobre el origen de los recursos que financiarán los PDA, así como las que hacen referencia a los actores que hacen parte de los Planes, se ajusten para garantizar mejor capacidad operativa, mayor autonomía territorial, pero manteniendo esquemas de seguimiento y evaluación a la inversión.
En el listado de 20 puntos, el Ministerio Público señala que le genera dudas que el Ministerio de Ambiente, en desarrollo de la asistencia técnica da los lineamientos con base en los cuales se contrata la Gerencia Asesora de los PDA por parte del departamento, actuando como miembro del comité directivo y además como "determinador de las condiciones de contratación de la Gerencia Asesora".
Igualmente, advierte que la presencia de recursos del orden nacional en la financiación de los planes, permite al Gobierno definir las condiciones de cofinanciación y los criterios de asignación de recursos, pero no abordar funciones de ejecución, "más aún cuando se involucran en mayor proporción recursos de origen departamental y municipal".
Y ¿cómo es que el Gobierno ejerce funciones decisorias en proyectos de nivel territorial? Dentro de las normas que regulan y reglamentan los Planes Departamentales de Agua, se establece que es el Ejecutivo nacional, a través del Minambiente, el que ejerce funciones decisorias en las regiones, como aprobar el manual operativo de los PDA, dar instrucciones y definir lineamientos; implementar las políticas y estrategias del plan; revisar y ajustar metas; aprobar la participación en los PDA de los vinculados, así como los esquemas de transformación empresarial y fortalecimiento institucional para cada municipio o distrito participante.
Además, aprueba y modifica el plan anual estratégico y de inversiones; da el visto bueno para priorizar proyectos a desarrollarse en cada municipio o grupo de municipios; aprueba en forma definitiva el inicio del proceso de contratación de los proyectos viabilizados, y da el visto bueno a los esquemas ambientales, entre otras.
Otro de los cuestionamientos de la Procuraduría, es que si bien el representante legal del ente territorial es el gobernador o el alcalde que son quienes, al amparo de la Constitución, deben responder por el buen manejo e inversión de los recursos, en el caso de los PDA las normas establecen que es el Gobierno Nacional el que asume las responsabilidades. "Además de ser el responsable de establecer las condiciones de seguimiento y control, asume la responsabilidad directa en la ejecución y resultados de la inversión", señala el oficio de la Procuraduría.