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Además, aprueba y modifica el plan anual estratégico y de inversiones; da el visto bueno para priorizar proyectos a desarrollarse en cada municipio o grupo de municipios; aprueba en forma definitiva el inicio del proceso de contratación de los proyectos viabilizados, y da el visto bueno a los esquemas ambientales, entre otras.
Otro de los cuestionamientos de la Procuraduría, es que si bien el representante legal del ente territorial es el gobernador o el alcalde que son quienes, al amparo de la Constitución, deben responder por el buen manejo e inversión de los recursos, en el caso de los PDA las normas establecen que es el Gobierno Nacional el que asume las responsabilidades. "Además de ser el responsable de establecer las condiciones de seguimiento y control, asume la responsabilidad directa en la ejecución y resultados de la inversión", señala el oficio de la Procuraduría.