Septiembre 30 de 2009
Cacería de rentas
Estamos ante la más descabellada de las situaciones: están tomando recursos de las clases medias y bajas para entregárselos a familias de terratenientes multimillonarios.
Un auténtico y muy justificado escándalo provocaron las revelaciones sobre el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, dadas a conocer por CAMBIO en su edición anterior. De acuerdo con esas revelaciones, el programa, una iniciativa multimillonaria de apoyo al productor rural, ha canalizado gigantescas sumas hacia familias reconocidas por su poderío económico, su preeminencia regional y su influencia política. En un país cuyo sector campesino muestra las profundas heridas de la pobreza, la desnutrición, la violencia, el desplazamiento y la contrarreforma armada, y donde además los recursos fiscales son escasos, resulta cuando menos insólito que un programa tan abundante en fondos termine alimentando las arcas de quienes ya son suficientemente ricos. Sin embargo, y sin perjuicio de esta justa indignación, un examen racional nos mostrará que este desenlace era perfectamente previsible. Veamos por qué.
Empecemos por recordar el origen y la historia de Agro Ingreso Seguro. En 2006, cuando estaban en marcha las negociaciones del TLC con Estados Unidos, la mayor parte de los sectores vinculados al agro mostraron una frenética oposición a la firma de dicho tratado porque, según ellos, los iba a perjudicar al exponerlos a una competencia para la cual no estaban preparados. Esa oposición encontró oídos atentos en el Ministerio de Agricultura, desde las épocas de Carlos Gustavo Cano, pero fue Andrés Felipe Arias, en particular, hoy precandidato presidencial y alfil supremo de la reelección, quien atendió los reclamos. Tanto así, que sus posiciones obstaculizaron muy gravemente el avance de la negociación e incluso llevaron al presidente Uribe a mostrar un inexplicable escepticismo con respecto a la conveniencia del TLC, un tratado que él mismo había impulsado y defendido.
Un buen día, el Ministerio de Agricultura anunció lo que parecía ser la salida a ese laberinto: un programa ambicioso de ayudas gubernamentales, destinado a proteger al productor rural de la primera oleada de competencia, y a ayudarlo a prepararse para triunfar luego en las nuevas condiciones del mercado. Nacía así Agro Ingreso Seguro y con su proclamación se abría un camino político más nítido al TLC.
Advertencias
Desde el primer momento había razones para lanzar advertencias. El mismo autor de este artículo, en una nota del 14 de agosto de 2006 del boletín Buenos días, lunes, advirtió sobre una extraña mutación de la actitud de los gremios agropecuarios. Su ruidosa oposición había terminado súbitamente, y ahora sus intenciones parecían dirigidas hacia la captura de los recursos anunciados por el Gobierno. Era ya evidente que, ante tan jugoso botín, muchos harían grandes esfuerzos para quedarse con parte de este.
Pero luego vino un motivo mayor de desconcierto: pese a que la justificación del AIS era la inminente celebración del TLC, de manera inexplicable el Ministerio lo puso en marcha sin que el Tratado hubiera sido firmado. Esta inexplicable circunstancia hizo surgir una preocupación natural. Esos dineros, desembolsados sin justificación, podrían estarse utilizando como herramienta política o como parte de una estrategia que no tenía que ver ni con el TLC ni con el apoyo al productor pobre y vulnerable: fortalecer a los grandes terratenientes. Hoy, cuando la firma del TLC no ha ocurrido, y a veces pareciera que nunca va a ocurrir, el programa lleva dos años de multimillonarios desembolsos.
Sin embargo, para prever el desenlace que acaba de conocerse, no habría sido necesario pasar por estas experiencias. La teoría económica lo habría indicado, pues es muy conocido el fenómeno de la "caza de rentas", que consiste en la realización de actividades destinadas a obtener un beneficio particular cuyo origen esté de algún modo ligado al proceso político. Un caso típico de "caza de rentas" es el de los programas gubernamentales de apoyo o de subsidio a una actividad. Cuando un beneficio es capturado por un particular, se genera un costo para la sociedad. Por esa razón, es natural que quienes esperan obtener ese beneficio realicen todo tipo de esfuerzos para lograrlo. Y esos esfuerzos suelen ser de naturaleza política. Y claro, tendrán una mayor opción quienes tengan conexiones políticas y medios económicos. ¿Algún parecido con lo que sucedió? Como fue denunciado, entre los principales beneficiarios de AIS hay familias de elevada posición económica, pero también muy cercanas al Gobierno.
La gravedad de lo que se ha conocido no debe menospreciarse. En rigor, estamos ante la más descabellada de las situaciones: están tomando recursos de las clases medias y bajas para entregárselos a familias de terratenientes multimillonarios. Como agravante, eso está haciéndose sin justificación. Incluso si el TLC se hubiera firmado y estuviera vigente, no es claro que toda la sociedad tenga que tributar para proteger a unas cuantas familias y a unos cuantos individuos. Estos, como cualquier otro empresario, deberían asumir como tarea propia el reto de la competitividad. Porque si se les paga para protegerlos de la competencia, es poco probable que hagan el esfuerzo de ser competitivos.
Por Andrés Mejía Vergnaud,
Instituto Libertad y Progreso.