Julio 15 de 2009
Se vuelve a plantear el impuesto al patrimonio
A diferencia de 2002, ahora no hay indiferencia sino franco rechazo.
En la vida política no parecería haber máxima más sabia que aquella según la cual no hay nada más permanente que un impuesto temporal. Colombia tiene al respecto ya varias experiencias: la más importante, por ser muy reciente en su origen, por estar aún vigente, y por haberse mantenido a pesar de recibir críticas y objeciones desde todos los ángulos, es el impuesto a las transacciones financieras. Pero hay otro impuesto que hace méritos para pasar a la historia de los tributos excepcionales que se vuelven luego parte del sistema impositivo corriente: el impuesto al patrimonio. Este fue establecido en 2002 mediante un decreto de estado de excepción, con el propósito de financiar la naciente política de seguridad democrática. Vinieron luego tres prórrogas para la vigencia del tributo. Mas hoy, cuando el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga ha anunciado que buscará una cuarta prórroga, las reacciones han sido muy distintas que las de 2002: no hay indiferencia sino franca oposición, y objeciones desde el punto de vista técnico.
Los rasgos centrales de la propuesta del Ministro han sido ya explicados en los medios aunque, cabe repetirlo, ha habido indiferencia en su recepción, y eso se ha reflejado en el pobre cubrimiento que ha tenido. Tal vez su principal elemento es el objetivo de ampliar la base del impuesto, estableciendo que lo pagarán de manera gradual quienes tengan patrimonios superiores a $ 2.000 millones. Con esto aspira el Ministro de Hacienda a recaudar $ 1.3 billones, y a aumentar el número de contribuyentes de 7.000 a 9.200. Pero hay detalles de la propuesta que han merecido una atención incluso menor, aunque encierran claves interesantes. En primer lugar, se plantea reducir del 40 al 30 por ciento el célebre beneficio tributario por reinversión de utilidades en activos productivos. También se propone que las zonas francas no accedan a este beneficio, pues gozan de una tarifa reducida para el impuesto de renta. Además se hicieron anuncios con respecto a los "contratos de estabilidad jurídica": de acuerdo con Zuluaga, en aquellos que se celebren en el futuro no se garantizará estabilidad en impuestos transitorios.
La justificación que se ha invocado para esta reforma sigue siendo la política de seguridad democrática: al parecer, el Gobierno ha pronosticado que habrá faltantes en los presupuestos de seguridad y defensa, y de no financiarse dichos presupuestos, la eficacia de la política de seguridad se vería comprometida. El propio general Freddy Padilla, a cargo del Ministerio de Defensa, manifestó a El Espectador que es necesario "...mantener ese esfuerzo unos años más...". Hay una razón elemental para no ver con buenos ojos este tipo de tributos: al cobrarse sobre el patrimonio y no sobre las ganancias, el mencionado impuesto va carcomiendo la base de capital de la sociedad, sobre la cual yace la posibilidad de emprender proyectos productivos. Y, si nos aventuramos más en el terreno de la tributación, encontraremos argumentos más serios y precisos. En primer lugar, como ha sostenido el ex ministro Juan Camilo Restrepo, el impuesto al patrimonio significa, de cierto modo, "torcerle el cuello a la ley", puesto que la Constitución prohíbe que el Congreso decrete impuestos nacionales con destinación específica. Alberto Carrasquilla, otro ex ministro de Hacienda, ha considerado innecesaria esta reforma, y ha sugerido, como alternativa para conseguir los fondos, que el Estado venda su participación en empresas como Ecopetrol. Lo cual tiene sentido, si se considera que, en la escala de funciones del Estado, garantizar la seguridad es sin duda más fundamental e indispensable que ser accionista de empresas petroleras. Pero entre las críticas formuladas, la más preocupante viene del ya citado ex ministro Restrepo: al parecer, la necesidad actual de recursos se debería a que el Gobierno ha destinado parte del impuesto al patrimonio a gastos recurrentes, en vez de dedicarlo por completo al financiamiento de la seguridad. De ser esto cierto, y de continuar esta conducta ha advertido Restrepo, en pocos años podríamos enfrentar una nueva prórroga.
Ahora bien, si se toma esta medida en su contexto, es decir, junto con las otras que le acompañarán, podemos percibir que ya está haciendo agua la estrategia de exenciones y beneficios tributarios, la cual ha sido el eje principal de la política económica del gobierno de Álvaro Uribe. Ya parecería que el Gobierno está sufriendo por causa de los recursos que ha dejado de percibir gracias a esa generosa política, situación esta sobre cuya inminencia habían advertido muchos analistas. Lo que resulta lamentable es que no se aproveche la oportunidad para revisar de manera íntegra tan cuestionable estrategia, sino que tan solo se propongan pequeñas limitaciones a sus alcances.
Por Andrés Mejía Vergnaud,
Instituto Libertad y Progreso.