Guayabo fiscal hace inevitable una reforma en el transcurso del próximo año

El apretón del Gobierno afectará a muchos de los llamados programas bandera, uno de los más comprometidos será el de Familias en Acción. Foto: Archivo Cambio

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No hay nada más que hacer. El turno para el apretón se aproxima y el Gobierno deberá actuar rápidamente si quiere dejarle despejada la situación fiscal al nuevo inquilino de la Casa de Nariño a partir de 2010.

Después de muchas especulaciones y rumores de pasillo, el Ministerio de Hacienda destapó el martes pasado sus cartas en materia de programación fiscal de mediano plazo. De esta forma puso en blanco y negro las principales cifras en materia de ingresos y gastos para los próximos años.

Lo que quedó claro es que el próximo año la situación no será la mejor, pues como consecuencia de la desaceleración de la economía, se espera una fuerte caída en los ingresos tributarios y no tributarios, como por ejemplo los de las transferencias que recibe el Gobierno de entidades como Ecopetrol. Lo anterior, aunado a la gran cantidad de gabelas impositivas que se han otorgado a los inversionistas en virtud de la aprobación de zonas francas y acuerdos de estabilidad jurídica, ya anticipa que el margen de maniobra es estrecho.

Según el Ministerio de Hacienda, para el año entrante el Gobierno central arrojará un déficit fiscal de 23,4 billones de pesos, el cual se reduce a 18,4 billones de pesos si se incluyen todas las entidades descentralizadas. Eso lo que significa es que los ingresos caerán de 16,1 por ciento del PIB en 2009 a 14,1 por ciento del PIB en 2010, tal diferencia implica 9 billones más de hueco fiscal. 

"Por ingresos se pierde 1,6 por ciento del PIB entre 2009 y 2010. Ahí están los 9 billones de pesos de los que se ha hablado. Esto se explica por el choque externo que genera una caída en el crecimiento y por consiguiente en los ingresos tributarios", sostiene el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.

El Gobierno admite que habrá que echar mano de la deuda interna y/o externa, recortar inversión, mientras que los analistas ven pasos de animal grande con la llegada de una nueva reforma tributaria. La última comenzó a regir en 2007.

Sobre este punto el Gobierno se ha mostrado ambiguo, pero las suspicacias surgen de las mismas declaraciones del ministro de Hacienda y del presidente Uribe, de empezar a 'analizar' con el sector privado y la academia la forma de tener un impuesto al patrimonio a partir de 2011 para financiar los gastos permanentes de la Seguridad Democrática.

"En el receso del Congreso que empieza el 20 de junio, el equipo económico estudiará con los grupos académicos y el sector privado el mejor camino para adoptar las decisiones legislativas que se requieran, que empiecen a aplicarse desde 2011, pero que se dejen definidas desde ahora, para poder garantizar la financiación indefinidamente en el tiempo de la Seguridad Democrática", dijo el presidente Uribe.

Alejandro Gaviria, decano de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, considera inevitable una reforma tributaria en 2010 ó 2011.

"O le toca al nuevo Presidente empezar con eso o hacerlo en 2011. Es que yo creo que el Gobierno actuó irresponsablemente porque uno no puede ponerse a regalar impuestos, o firmar pactos de estabilidad (tributaria) cuando todavía tiene un déficit estructural. Porque ya estamos viendo que se requiere una reforma tributaria", dijo.

El ex ministro de Hacienda Guillermo Perry, sostiene que si bien los ingresos tributarios para 2010, crecen en términos nominales en un 3,1 por ciento, estima que en términos reales (al descontar la inflación) caerán en 1,5 por ciento, pero le abona a su colega Óscar Iván haber sincerado las cifras para poder tener las cuentas más claras.

"En una desaceleración como la que tenemos, más los efectos de todos los privilegios tributarios que se han venido dando en los últimos 2 o 3 años, era imposible que crecieran", dijo Perry.

En todo caso, en plata blanca estos ingresos pasan de 68,2 billones de pesos este año a 70,2 billones, es decir una diferencia de dos billones de pesos.

Otros analistas son menos pesimistas. Germán Verdugo, director de Investigaciones Económicas de Correval, dice que el plan B del Gobierno para conjurar cualquier eventualidad que afecte el crecimiento podría consistir en acudir a mecanismos como la privatización de otra parte de Ecopetrol o de ISA, uno de los activos estatales más valiosos.