Junio 17 de 2009
La Nación ha perdido procesos judiciales que han costado más de un billón de pesos
Las millonarias pérdidas, derivadas de las derrotas en los estrados judiciales, amenazan con desangrar las finanzas públicas. Las carteras que más ha pagado son las de Defensa, la Policía y el Inpec.
Pese a que Colombia cuenta con una división especial en el Ministerio del Interior para la Defensa Jurídica del Estado, las millonarias pérdidas económicas derivadas de las derrotas de la Nación en los estrados judiciales, amenazan con desangrar las finanzas públicas.
El fenómeno, sin embargo, ha causado poco interés dentro del Gobierno. Según un reciente informe de la Procuraduría General, en 2006 la Nación tuvo que pagar 258.000 millones de pesos. En 2007, la cifra ascendió a 310.926 y en 2008 llegó a los 388.316 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la cartera que más ha pagado es la de Defensa (239.186 millones), seguida por la Policía (182.582 millones) y el Inpec (52.035 millones).
Aunque no existen cifras claras, el Seguro Social también suma reveses jurídicos considerables, lo mismo que el Invías y la propia Fiscalía General de la Nación.
Se dice que de diez casos el Estado pierde siete y que el mayor descalabro se presenta en los tribunales de arbitramento, pues sólo en los últimos dos años la Nación perdió 391.000 millones a través de este mecanismo alternativo de justicia.
Existen varias interpretaciones sobre este asunto. La primera es que los agentes del Estado están incurriendo en infinidad de equivocaciones lo que a su vez conduce al pago por los daños ocasionados y las fallas del Estado en favor de los particulares.
La segunda es que como los funcionarios saben que rara vez se les exige pagar de su bolsillo los platos rotos, no les importa 'meter la pata' y ello ha creado una peligrosa cultura dentro de los gobiernos. La no repetición de las acciones judiciales contra los servidores públicos ha fomentado la irresponsabilidad de estos últimos que en algunos casos responden disciplinariamente pero nunca con su propio patrimonio.
La última de las explicaciones tiene que ver con que al Estado le falta un mejor sistema de defensa y que muchas veces simplemente es derrotado por 'W'. En efecto, el actual Gobierno parece blindarse únicamente cuando los casos son muy importantes, en cuyas circunstancias ha contratado defensores externos muy calificados.
No obstante, la suma de todos los pequeños procesos en los que la resistencia a buscar buenos abogados ha sido evidente, hace que lleguemos a las escandalosas cifras anteriormente mencionadas.
¿No podría valerse el Estado, por ejemplo, de los mejores estudiantes de últimos semestres de Derecho, que obligatoriamente deben hacer un año de práctica gratuita, para que defiendan el interés público?
Ello, sin duda, resultaría mejor que continuar con los mediocres defensores públicos que manejan cada uno cientos de procesos sin que puedan atender alguno con especial atención.
A todo este cuadro hay que agregarle finalmente que existen varios colectivos de abogados especializados en exprimir al Estado. Curiosamente algunos de ellos liderados por ex procuradores y magistrados de las altas cortes que conocen bien las vulnerabilidades de la Nación.
Por eso, mientras el Gobierno y las entidades encargadas de la defensa judicial del país no se tomen en serio este tema, la pregunta seguirá siendo ¿y ahora quién podrá defendernos?
Por José Manuel Acevedo
Abogado y analista político