¿Quién pone la plata para sostener la seguridad democrática?

La compra de equipos y la modernización de las Fuerzas Armadas ha estado relacionada directamente con el pago del impuesto al patrimonio. Foto: Efe

Desde hace 14 días y en medio de la actual crisis de la economía colombiana, el país está inmerso en esta discusión. El asunto radica en tres aspectos: a quién van a gravar, con base en qué y a qué tasa.

El dedo en la llaga lo puso el banquero Luis Carlos Sarmiento, cuando en un acto organizado por el Ministerio de Defensa y Anif, manifestó que la seguridad democrática es un servicio del Estado que se le debe cargar a todos los bolsillos y ser una fuente permanente.

"Estoy expresando que la tributación requerida para consolidar la paz en Colombia debe tener un límite de condición objetiva frente al orden público y una fuente general", dijo.

Desde ese momento se han escuchado toda clase de voces en torno a quiénes deben o no responder por un gravamen que financie esos gastos.

Algunos representantes gremiales como el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y vicepresidente del Consejo Gremial, Rafael Mejía, es partidario no solo de que se le dé continuidad a la política de la seguridad democrática, sino que además por su financiamiento respondan hasta los que devengan el mínimo.

Sin embargo, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, está en desacuerdo y advierte que este no es el momento para hablar de nuevos impuestos.

Desde el Congreso también ha habido pronunciamientos. El senador Ómar Yepes está de acuerdo con establecer un tributo transitorio o prorrogar el impuesto patrimonial vigente para financiar la política de seguridad, pero plantea que se establezca para patrimonios líquidos a partir de 5.000 millones de pesos y no desde el salario mínimo. "Gravar como lo proponen algunos a la generalidad de los colombianos, inclusive a los que ganan el salario mínimo, es un despropósito porque los mayores beneficiados con la política de seguridad son los que ostentan el gran capital", dijo.

Su colega Gabriel Zapata cree que las condiciones económicas no están dadas para que se le hable al sector privado o a los colombianos comunes y corrientes de nuevos o más gravámenes. "A las empresas se les está pidiendo compromisos en empleo y en inversión y no se puede hablar de más cargas en un momento de crisis".

Pero del lado de la línea de quienes creen que un impuesto nuevo, o la extensión del que ya existe, debe estar a cargo de los que más capital tienen, se ha puesto el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.

"Me inclino más por un tributo, si esa fuese la decisión final, que consulte más el poder y la riqueza de cada uno de los diferentes contribuyentes, tal como está hoy", dijo.

Y su colega de la Defensa, Juan Manuel Santos, también salió al paso del debate y manifestó que este no es el momento para un nuevo impuesto. "Cuando salgamos de esta turbulencia, que espero sea lo más pronto posible, tenemos que sentarnos a ver cuánto cuesta, por ejemplo, seguir aumentando el pie de fuerza de la Policía", recalcó.

En medio del debate sobre en quiénes debe recaer esa carga, hay algo claro: las 42 empresas que ya tienen aprobado un contrato de estabilidad jurídica, de los cuales a abril había firmados 37, estarían a salvo de un gravamen como el actual.

¿La razón? En esos pactos, que lo que hacen es respetarles a las empresas las reglas del juego bajo las cuales los firmaron, incluyeron el artículo 292 del Estatuto Tributario que le dio vida a ese impuesto y en el que se establece que estará vigente por los años 2007, 2008, 2009 y 2010.

"Como esa norma está hasta el 2010, eso quiere decir que después de ese año a esas empresas no se les podrá cobrar el impuesto al patrimonio",  explicó el ex director de la Dian, Horacio Ayala.

Y esta semana lo ratificó el ministro Zuluaga: "Si se hace un impuesto como el que está actualmente, quienes tienen contratos de estabilidad jurídica no lo pagarían porque ellos ya aseguraron, a través del contrato, el hecho de que no se les establezca una nueva carga tributaria. Eso es claro".

Si bien el Ejecutivo ha precisado que no propondrá ante el Congreso una nueva reforma tributaria y que eso le corresponderá al próximo Gobierno, lo cierto es que analistas ven inminente un cambio en las reglas en este sentido y el tema se deberá plantear a más tardar el año entrante.

Reforma a la vista

Y es que el 2010 traerá varios apuros en el frente fiscal: la crisis de la economía traerá como consecuencia menos recaudo en el impuesto de renta, pues ese año se reporta este 2009 en donde la producción cae 12,9 por ciento. No habrá más impuesto de timbre que representaría algo así como 470.000 millones de pesos, y el Banco de la República ya anunció que sus utilidades caerán.

Ante ese escenario, para algunos analistas, como Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, es inevitable el tema de la reforma tributaria en la que se contemple no solo revisión de exenciones que hay para el capital y la inversión, sino también que plantee una racionalización en IVA.

Para el vicepresidente de Anif, Carlos Ignacio Rojas, el Gobierno actual se defenderá con más deuda, pero el nuevo que llegue en agosto del año entrante deberá ser claro en que necesitará una reforma tributaria. El debate apenas comienza.