Crisis económica puede modificar totalmente el escenario electoral de 2010

En vivienda, el 90 por ciento de los recursos saldría de los constructores privados.

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"Definitivamente, Colombia comenzó bien el año 2009", sentenció el comunicado de prensa 012 del Ministerio de Hacienda publicado el pasado 9 de febrero. El tono del texto, que recogía los "diez hechos económicos positivos en Colombia en los primeros 40 días" del año, reiteraba el mensaje que Óscar Iván Zuluaga, jefe de las finanzas públicas, repitió durante febrero y marzo en cada foro -con  presentaciones de Power Point y declaraciones públicas incluidas-: "Los fundamentales de la economía colombiana demuestran que está mejor preparada para hacer frente al actual choque externo".

Este mantra de las autoridades económicas se deshizo el jueves 26 de marzo con un choque de realidad por partida doble: el Dane reveló que el país había decrecido 0,7 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado y el Gobierno revisó la meta de crecimiento de la economía para el 2009 de 3 por ciento del PIB a una franja entre el 0,5 por ciento y el 1,5. De inmediato la confianza y el optimismo que los miembros del equipo económico de la administración Uribe esgrimieron desde el inicio de la crisis mundial hace ya más de seis meses se convirtieron en preo-cupación.

Sin embargo, lo alarmante para muchos analistas es que los indicadores evidenciaron durante los primeros meses del año que Colombia no había empezado 'bien' el 2009. El desplome del sector industrial es drástico: 10 puntos porcentuales en enero; el propio Ministro de Hacienda calculó el costo de la crisis en 10 mil millones de dólares por efecto de la caída en las exportaciones, los ingresos fiscales, la entrada de inversión extranjera y las remesas. El pasado martes el Dane anunció que en febrero la tasa de de-sempleo subió 0,5 por ciento, ubicándose en 12,5 por ciento.

De la insistencia del Gobierno en la fortaleza superior de la economía colombiana para resistir los embates del desplome mundial han quedado tanto un desencanto como una fuerte duda. El primero, el aparato productivo del país no se encontraba tan blindado como las autoridades lo anunciaron a todos los vientos. La segunda, ante la tardanza en reconocer la realidad económica, ¿de qué magnitud será el coletazo que le espera al Gobierno, los empresarios, los hogares y los trabajadores? 

La Casa de Nariño reacciona

A pesar de que los altos funcionarios del Gobierno reconocieron que la gravedad de los datos económicos de finales de 2008 y los primeros meses de 2009 los tomó por sorpresa, no sería exacto afirmar que al Ejecutivo la desaceleración lo paralizó. El pasado sábado, durante la convención del Partido de la U, aunque el primer mandatario reconoció que el país atraviesa por "un mal momento de la economía", se adelantó a sus opositores: "La angustia de la crisis no nos puede llevar a revaluar el concepto de Seguridad Democrática. Al contrario, hay que afirmarlo". Y enumeró los cinco 'capítulos' de su política contra la crisis: infraestructura, protección social, confianza inversionista, financiación del Estado y estímulos fiscales.

No pasó un día esta semana que el Ejecutivo no lanzara alguna medida para hacer frente a la desaceleración económica: dos nuevas líneas de crédito para vivienda por 550 mil millones de pesos para estratos bajos y medios; el Fondo de Infraestructura con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento por 500 millones de dólares y créditos con el BID por 1.340 millones de dólares para amortiguar la crisis. A esto se añade el plan de estímulo a la infraestructura por 55 billones de pesos (10,7 por ciento del PIB) que Planeación Nacional anunció a finales de enero (ver gráfico). El primer mandatario también lanzó un plan de protección al sector automotriz por 500 mil millones de pesos de Bancoldex y de incentivos a la compra de electrodomésticos.

Sin embargo, este paquete de medidas, muy similares a las tomadas por otros países latinoamericanos (ver recuadro), enfrenta  serias críticas. Unas tienen que ver con la velocidad de la implementación de las obras públicas y la dependencia de la participación del sector privado. La mayoría del plan de infraestructura ya se encontraba en marcha y se preparó cuando no se conocían las dimensiones de la caída actual. De los 55 billones de pesos, el 58 por ciento son inversión privada y se concentra en el sector de minas y energía. No es descabellado preguntarse entonces por el coletazo que los privados sufrirán en materia de acceso al crédito y a la financiación requeridas para emprender la serie de emprendimientos que el Ejecutivo está esperando.

En vivienda, por ejemplo, el 90 por ciento de los recursos del plan saldrían del bolsillo de los constructores privados. A esto hay que sumar las dificultades que el propio Gobierno ha tenido que enfrentar en el otorgamiento de las licitaciones para los proyectos de construcción de importantes vías como la Ruta del Sol. A diferencia de otros países que ahorraron en las vacas gordas como Chile, el papel de jalonador de los paquetes de estímulo reposa en vagones privados en vez de una locomotora de gasto público.