El pasado 24 de octubre, la Junta Directiva del Banco de la República realizó su sesión ordinaria dentro de un clima de opinión casi unánime: durante los días precedentes hubo numerosos reclamos en público a favor de una reducción inmediata de la tasa de interés del Banco Central, ubicada en 10 por ciento. Luis Carlos Villegas, de la ANDI, venía solicitando la reducción de manera reiterada y enfática. Guillermo Botero, de Fenalco, hizo la misma manifestación, y añadió que las preocupaciones sobre la inflación, las cuales usualmente motivan el aumento de las tasas, han pasado ya a un segundo plano. Otros gremios, como la SAC, Acopi, Asocolflores y Acicam hicieron el mismo pedido con igual vehemencia. Como si los gremios no fuesen suficientes, recordemos que el Gobierno viene pidiendo desde hace meses la reducción de tasas.
La petición de los gremios y la del Gobierno tienen un elemento común: una preocupación por el hecho de que la economía colombiana muestra síntomas de estar frenando su crecimiento. Mencionemos un ejemplo: el Dane ha informado que, hasta agosto del presente año, el crecimiento de la producción industrial en el último año fue de tan solo 2 por ciento, y en lo que va corrido de 2008 el indicador muestra una caída de 0,8 por ciento. Basta añadir a eso el temor generado por la crisis financiera mundial, y por las noticias según las cuales las grandes economías del mundo podrían estar ya en recesión. Para los dirigentes gremiales, estas razones justificaban una acción inmediata de la Junta del Emisor, la cual no debía ser otra que la reducción de las tasas.
Contra la corriente
La Junta resolvió decidir en contra de esta sonora exigencia: mantuvo sus tasas en el nivel actual, y acompañó dicha medida con un conjunto de decisiones técnicas que tienen, como objetivo, mover el mercado del crédito e impedir que el sector privado sufra por carencia de este. Lo hizo porque considera que la aparente calma en el frente de la inflación no anuncia todavía una victoria: en realidad, los factores que mueven la inflación están aún activos, y ahora se les sumará la devaluación. Y reconoce la Junta que hay indicadores de desaceleración en la economía. Todo esto configura un panorama dentro del cual resulta prudente no reducir las tasas -para no activar más la inflación- y dar vía libre a más liquidez y crédito para compensar la tendencia a la desaceleración.
Cuando una autoridad toma decisiones contrarias a lo que parece ser un consenso mayoritario, es natural preguntarse si no ha incurrido en un acto de error o de terquedad. Pero cabe también pensar que tal autoridad haya inspirado su acción en el bienestar general, el cual no necesariamente está representado por las declaraciones de los gremios empresariales, y ni siquiera por las del Gobierno. Ese es precisamente uno de los propósitos por los cuales la Constitución otorga a la Junta del Emisor tan grande autonomía en sus decisiones: para que, al tomarlas, pueda resistir a las presiones políticas, empresariales o sectoriales. Veamos, entonces, cómo se utilizó tal independencia en este caso concreto.
El mandato de la Junta del Banco de la República es mantener el poder adquisitivo de la moneda. Así lo ordena la Constitución. Por tanto, el énfasis que pone la Junta en la inflación es en rigor un deber constitucional. Y además, tiene razón este organismo al considerar que no se debe bajar la guardia. Por un lado, la inflación sigue mostrando indicadores muy elevados; por otro lado, los efectos que tiene sobre el trabajador una inflación creciente, así no sea de niveles escandalosos, son especialmente drásticos: el ingreso del trabajador pierde día a día capacidad de compra. De hecho, no hay que descartar la sugerencia que hizo el ex ministro Humberto de la Calle en el programa radial Hora 20, cuando se preguntó si, detrás de la creciente inconformidad laboral y social, está también la inflación como factor silencioso: es apenas normal que, si los trabajadores sienten que sus ingresos pierden poder de compra gradualmente, su nivel general de inconformidad aumente.
Y hay razones adicionales que actúan en favor de no reducir las tasas. La crisis actual dejará una moraleja, y es la de que no es sabio reducir tasas de manera drástica y veloz para acelerar una economía. Esto hizo Alan Greenspan, antes "maestro", y hoy integrante de la lista de "culpables del colapso", elaborada por el periodista Anderson Cooper. Las reducciones de tasas que impulsó Greenspan son responsables de la burbuja inmobiliaria, y del nivel patológico de endeudamiento que alcanzaron los estadounidenses. La imprudencia con los intereses produce imprudencia con el endeudamiento, y esto es germen de temibles crisis.
Ahora bien, aunque la desaceleración de una economía nunca es en sí misma una buena noticia, podría curiosamente tener algunas ventajas en el contexto mundial de hoy. Como dijo Eduardo Lora, entrevistado en Portafolio (Oct. 28), "Por fortuna logró enfriarse la economía un poco antes del chaparrón". Un ligero enfriamiento nos puede conducir a lo que se llama "aterrizaje suave", siempre preferible a un desplome.
Y la devaluación, consecuencia de la crisis mundial, favorecerá mucho a los sectores exportadores. Lamentablemente, con la desaceleración viene un mayor desempleo. En esta materia, como en otras, los buenos tiempos no nos dejaron buenas noticias. El desempleo realmente nunca bajó a niveles aceptables, pues el empleo en Colombia está atado a una carga de contribuciones parafiscales que asusta a cualquiera.
Por Andrés Mejía Vergnaud,
Instituto Libertad y Progreso.
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