Agosto 27 de 2008
Unificación del sistema de salud costará cerca de 6,5 billones de pesos
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, dice que el proceso necesita de un tiempo prudencial para llevarse a cabo.
El 2008 al parecer es un año de revolcones y de altibajos económicos y políticos. El más reciente sacudón lo dio la Corte Constitucional en un fallo histórico que conminó al Ministerio de la Protección a igualar los planes obligatorios de salud del régimen subsidiado (POSS) y del régimen contributivo (POS) a los que los colombianos tenían acceso de acuerdo con su capacidad de pago.
Con esto la Corte eliminó la incertidumbre sobre sus contenidos, de los cuales ni siquiera las autoridades de salud tienen claridad y ratificó que dentro de los derechos a los que los colombianos tienen acceso están las consultas, procedimientos, tratamientos y medicamentos formulados por los médicos, en forma oportuna, eficaz y con calidad.
Para Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que reúne a seis empresas administradoras del régimen subsidiado, la unificación se constituye en un gran avance en materia de equidad para todos los colombianos.
Agrega que "ahora solo falta que se fortalezca aún más el financiamiento del régimen subsidiado de manera que sea posible avanzar tanto en cubrimiento como en ampliación de servicios", pues actualmente hay muchas trabas para que los usuarios reciban atención de especialistas.
La unificación de los planes, según el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, cuesta 6,5 billones de pesos que no tiene el país y necesita de un tiempo prudencial para llevarse a cabo. El funcionario no ha explicado de dónde saldrá ese monto, solo ha expresado que está estudiando con lupa cada página del fallo de la Corte y que destinó 22 mil millones de pesos para hacer el rediseño del POS, que estará coordinado por Colciencias.
Costos del revolcón
Pero la sentencia T-760 de 2008, presentada por el magistrado Manuel José Cepeda, no solo obliga a unificar los planes antes del 1° de octubre de 2009, también le da un ultimátum al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) para que cancele antes del 15 marzo del próximo año el 50 por ciento de los 400 mil millones de pesos que le adeuda a las EPS. El resto debe cancelarlo el 1° de julio de 2009.
"El fallo habla de la deuda glosada porque hay una parte de esa plata que son cuentas corrientes, no son antiguas sino de los últimos seis meses, que son por los reembolsos rutinarios", explica Juan Manuel Diaz-granados, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) gremio que reúne a las EPS privadas, quien asegura que el fallo dejó unos lineamientos importantes en la manera como se deben dar los reembolsos por parte del Fosyga.
Para evitar el 'tire y afloje' en la entrega de medicamentos y en los tratamientos, el fallo que recoge 22 tutelas, de las cuales 20 corresponden a ciudadanos que requerían acceder a un servicio de salud, le pide a las EPS ampliar las competencias de los comités técnico-científicos con el fin de disminuir el número de tutelas en salud y de solucionar en el menor tiempo posible los casos de procedimientos de alto costo. Lo anterior en vista de que las tutelas deberán ser pagadas con la sola presentación del fallo de primera instancia. Tanto Torrenegra como Diazgranados ven con preocupación la posibilidad de que comience una migración de afiliados del régimen contributivo al subsidiado en vista de que encuentran los mismos beneficios pero a un bajo costo.
"Es un riesgo, pero el Ministerio debe estar muy pendiente de evitar que aquellas personas que tengan capacidad de pago intenten evadir el sistema y saltar al régimen subsidiado", indica la directora ejecutiva de Gestarsalud.
Por su parte el presidente de Acemi señala que "Todos los trabajadores obligatoriamente tienen que estar en el contributivo (y Todos los independientes con capacidad de pago). Que eso se cumpla depende de que el sistema afiance todos los mecanismos contra la evasión y elusión".
El Consejo Nacional de Planeación (CNP) nunca ha visto con muy buenos ojos el incremento de usuarios en el régimen subsidiado, pues considera que aumenta la pobreza porque cada vez son menos los colombianos con buen empleo aportándole al sistema de salud.
De alguna forma, se suman a la visión de salud de la directora del Departamento Nacional del Planeación (DNP), Carolina Rentería, quien opina que "los beneficios (en salud) no pueden ser ilimitados, deben tener un punto de partida".
Rentería propone un acuerdo social para delimitar las prestaciones a que tienen derecho los ciudadanos, frente a la restricción de recursos y la sostenibilidad requerida para garantizar el derecho colectivo.
Hace apenas unos días, Rentería también dijo que el modelo de atención actual, basado en el aseguramiento de riesgos, no es viable si no se profundiza en la atención integral y oportuna. Ahora no solo por sugerencia del DNP sino por orden directa de la Corte, el Gobierno tiene hasta enero de 2010 para alcanzar la cobertura universal y que ningún colombiano quede por fuera del sistema de salud.