Enfrentamiento entre el Presidente y la Corte Suprema afecta la confianza inversionista

Las recientes disputas del Presidente con los magistrados de la Corte resultan desconcertantes para los inversionistas. Foto: Presidencia

"EL MEJOR GUARDACHOQUE que tiene Colombia frente a los problemas de la economía mundial es la confianza inversionista". Con estas palabras, pronunciadas en enero, el presidente Uribe volvió a enfatizar uno de los objetivos que guían sus decisiones y sus políticas. La "confianza inversionista", de hecho, ha sido una constante en el discurso político de Uribe, junto con la seguridad y la lucha contra el terrorismo. No puede caber duda de que tal confianza se ha visto incrementada en gran medida durante los últimos años, y que ese incremento es uno de los principales responsables del positivo desempeño reciente de la economía colombiana. Uribe espera que, gracias a la recuperación de la confianza inversionista, Colombia tenga una mayor capacidad para sortear la época de crisis que se ha anunciado para la economía global. Por eso llama a que se trabaje por el fortalecimiento de tal valor: "Hay confianza para invertir en Colombia y a eso le tenemos que jugar", dijo el pasado 16 de enero.

Dada la importancia que la confianza inversionista tiene en la visión de gobierno de Uribe, ha resultado desconcertante que, como reacción ante la sentencia de la Sala Penal de la Corte, en la cual se condena a Yidis Medina pero se pone además en duda la legalidad del actual período del mandatario, Uribe haya respondido con una apresurada decisión cuyo efecto principal es el de sumir al país en una alta incertidumbre sobre su futuro político. La incertidumbre política es, de hecho, uno de los principales enemigos de la confianza inversionista, especialmente cuando alcanza niveles que comprometen a los altos poderes del Estado: ante una situación de incertidumbre, quienes tengan planes de hacer nuevas inversiones, sean nacionales o extranjeros, pueden optar por una cautelosa espera, o por llevar sus capitales hacia otros países.

El mundo observa

El efecto de estos acontecimientos políticos sobre la economía se agrava y acelera por el hecho de que, en nuestro mundo de comunicaciones instantáneas, las noticias que pueden disuadir a los inversionistas dan la vuelta al mundo muy rápidamente. Así sucedió con la decisión de Uribe de convocar un referendo. La agencia Reuters, muy leída en los ámbitos financieros y de inversión, dijo en un despacho de junio 30 que "la decisión de Uribe pone el entorno político en un estado de desconcierto y perturbación, pues su creciente enfrentamiento con las Cortes pasa ya a ser un choque abierto". El New York Times aseveró que la decisión de Uribe "causó desconcierto y perturbación en el establecimiento político"; en la misma nota, el influyente periódico cita al experto Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, quien dice que la decisión del Presidente "no fortalecerá sus credenciales democráticas ante la comunidad internacional". Incluso Al-Jazeera, la célebre cadena noticiosa árabe con base en Qatar, informó sobre esta decisión del presidente Uribe. Cabe observar que, tanto en la nota del New York Times como en la de Reuters, se menciona o insinúa la posibilidad de que, mediante este referendo, el presidente Uribe busque una nueva reelección. Aunque los voceros del Gobierno han negado que ese sea el propósito del referendo, la percepción contraria puede surgir en los ambientes internacionales, en los cuales no hay posibilidad de seguir al minuto cada declaración o entrevista de un ministro. Y es en esos ambientes donde se toman las decisiones de inversión.

El momento menos indicado

Aunque un factor de incertidumbre política tan grande sería negativo en cualquier circunstancia económica, sin duda este es el momento menos indicado para sumar a nuestra economía una perturbación adicional: ya tenemos suficientes elementos de incertidumbre. El primero de ellos es la inusual combinación de problemas que ha empezado a afectar a la economía colombiana. Como bien explicaba Mauricio Reina en esta revista, "A la economía colombiana la están atacando tres males que rara vez se presentan simultáneamente". No es usual que a la vez una economía sufra de inflación, desaceleración y revaluación. Ya se ha visto el desconcierto que este extraño cuadro ha provocado en algunos de los funcionarios que están a cargo del asunto. Y añádase a esto que, como respuesta a la situación ya descrita, las autoridades han adoptado medidas que en sí mismas provocan incertidumbre, pues introducen nuevas reglas y mecanismos de intervención, menos previsibles y manejables. Como si esto fuera poco, tampoco hay certeza sobre la reducción del gasto público que tanto han reclamado los expertos, y que tendría un indudable impacto positivo en el momento actual.

Si en la percepción de los inversionistas hay certeza sobre el rumbo político del país, es menos probable que los problemas macroeconómicos debiliten la confianza inversionista. Eso, de hecho, ha ocurrido en el pasado gracias a la gestión de Uribe: la recuperación de la seguridad, junto con la elevada popularidad del mandatario, han sido vistos por los inversionistas como factores que fortalecen las perspectivas políticas del país. Pero los inversionistas, interesados sobre todo en el desempeño de sus negocios, suelen ser ajenos a las preferencias políticas como tales, y juzgan los acontecimientos políticos solo desde la perspectiva de sus planes de inversión. Si el ambiente político se deteriora, su interés por el país también se debilitará, sin importar si Uribe les inspira simpatía.

Finalmente, vale anotar que hay otro factor en la decisión del presidente Uribe que podría, en el corto plazo, perjudicar la percepción que tienen los inversionistas acerca de la economía colombiana.

Por más esfuerzos que hagan los voceros del Gobierno será inevitable que un enfrentamiento entre el Presidente y la Corte Suprema, seguido de una convocatoria a un referendo para legitimar el ejercicio de la presidencia, sean vistos como fracturas muy graves en la estructura institucional del país. Y hay una tendencia creciente a juzgar la economía de los países de acuerdo con la solidez de sus instituciones democráticas, y la prevalencia de las normas sobre las voluntades. 

POR ANDRÉS MEJÍA VERGNAUD,
DIRECTOR DEL INSTITUTO LIBERTAD Y PROGRESO.