Choque histórico entre política económica y política social debe acabar

Los programas sociales del Gobierno han sido muy criticados por sus opositores. Foto: Presidencia

FÁCILMENTE PUEDEN parecer lugares comunes frases como "la política económica no es neutra en términos sociales" o "la política macroeconómica debe llevar implícito un contenido social y otorgar prioridad a estrategias con impacto social positivo".

Sin embargo, a pesar de lo obvio de esas afirmaciones, entre los hacedores de las políticas públicas el asunto no parece ser tan claro, al punto que la senadora liberal Cecilia López se la está jugando toda para romper el aislamiento entre la política económica y la política social. Recientemente, el ex ministro Gabriel Rosas Vega recordaba que en Colombia ha predominado la tendencia a separar la política económica de la social y a creer que esta última es la única responsable por la equidad, lo que ha favorecido la coexistencia de una política económica que con demasiada frecuencia impulsa la concentración del ingreso y la riqueza y una de corte social que trata de enmendar la plana de las consiguientes desigualdades. Por eso, dice Rosas Vega, "nos inventamos redes de solidaridad, programas especiales para compensar los efectos que trae consigo la inatajable concentración".

Para Cecilia López, es necesario consolidar la política social "con un enfoque de derechos", y de ahí su propuesta de un marco normativo, de una familia de leyes para la transformación social. La iniciativa de la dirigente liberal está más que esbozada y ya existe un primer proyecto de ley, de un paquete de tres, que fue presentado al Congreso en noviembre del año pasado.

El desarrollo social de los pueblos, se señala en el proyecto, debe desarrollar, en forma simultánea, una transformación social, que implica: la decisión política de eliminar las barreras que impiden el acceso de todos los ciudadanos a los derechos y limita las oportunidades de progreso y el beneficio de las políticas públicas; redefinición de las estrategias sociales para orientar la construcción de capital humano y capital social; reconocimiento de que la política macroeconómica debe llevar implícito un contenido social y otorgar prioridad a estrategias con impacto social positivo; competitividad, mediante políticas encaminadas en la búsqueda de un recurso humano adecuado.

¿Qué es lo que se pretende con la transformación social? Definir un paquete básico de bienes y servicios esenciales de buena calidad para todos los ciudadanos, determinado por las posibilidades fiscales del país.

Regresar a un modelo de universalismo donde se identifique el lugar de los programas asistenciales como estrategia complementaria y como una forma de llegar a un verdadero universalismo, reconocer que la política económica no es neutra en términos sociales, y aceptar que el trabajo es la confluencia entre lo económico y lo social. Además, hacer de la focalización un camino a la universalidad, avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria, redefinir las políticas asistenciales, como Familias en Acción, para que se conviertan en un camino a la universalidad de los derechos convirtiéndose en programas transitorios y para grupos de población que se encuentren muy por debajo de la línea de pobreza.

Lo anterior debe conducir, entre otros puntos, a la definición de un modelo de desarrollo con menos desigualdades y más cohesión social, a que se entienda que el problema social no es solo responsabilidad del Estado y a que los ciudadanos conozcan e identifiquen el paquete básico de bienes y servicios, entendiendo que este no significa un esfuerzo extraordinario del Estado, sino una reorientación de los recursos públicos para la inversión social.

El proyecto de ley obliga al Estado a respetar, proteger y garantizar los derechos contemplados en él, como el mínimo vital (medidas para evitar que una persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano), educación (gratuidad de la enseñanza primaria y ampliación progresiva del acceso al sistema educativo desde los tres años de edad, entre otros aspectos) y salud (atención digna, programas y servicios de calidad en prevención y tratamiento).

Igualmente, derecho a la seguridad social (pago oportuno de las prestaciones, impedir el incumplimiento de los administradores de fondos de pensiones o el Estado, cobertura universal), al trabajo (todo trabajador debe proveer a sí mismo y a su familia un sustento en condiciones de seguridad, equidad y dignidad).

Además, se establece el derecho a la alimentación adecuada (garantía material a los alimentos, cuando el deber de proveerlos recaiga directamente en el Estado), a la vivienda digna (garantía material de la vivienda cuando el deber de proveerla recaiga directamente en el Estado, que cumpla con condiciones de higiene, intimidad, tranquilidad, acceso a servicios públicos, y seguridad, goce, sin interferencias ilegales o injustificadas, de los derechos de propiedad, posesión y tenencia y demás, para todas las personas).

Por último, el derecho a la información pública y a la evaluación de la política social, que comprende la creación de un sistema de información de fácil acceso, en el que todas las personas puedan conocer las acciones exigibles al Estado y las autoridades encargadas de su realización, protección y garantía.

A lo anterior se suma el deber de las autoridades de presentar en los dos primeros meses de cada año un informe público de rendición de cuentas, sobre el desarrollo de las actividades correspondientes a cada uno de los componentes de la política social. El informe debe ser publicitado en los portales institucionales de las entidades partícipes de la ejecución de la política.