El narcoterrorismo ataca al Poder Judicial.

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La feroz embestida del narcotráfico comenzó minutos después del mediodía del viernes 28 de julio en un sector del barrio Santa Mónica, en el occidente de Medellín, cuando sujetos desconocidos que se movilizaban en dos vehículos acribillaron a la jueza tercera de orden público, María Elena Díaz Pérez, quien murió junto a sus dos escoltas, Dagoberto Rodríguez y José Alfonso de Lima. La jueza se había negado a revocar la medida de aseguramiento que expidió su colega Marta Lucía González contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño, entre otros maleantes, por las matanzas de campesinos en la región de Urabá, y después de confirmar la orden de detención en su contra como determinadores de las masacres perpetradas en las fincas La Negra y Honduras, fue asesinada con extrema sevicia. El vehículo en que se movilizaba con sus escoltas recibió 60 impactos de fusil y ametralladora. Un nuevo acto de intimidación a la justicia por atreverse a encausar a los principales gestores del brazo armado del cartel de Medellín y a los promotores del paramilitarismo y su cruzada fundamentalista. Dos meses atrás, la víctima había sido el padre de la jueza Marta Lucía González. Ahora caía la jueza María Elena Díaz por la misma causa: aplicar el peso de la ley al narcoparamilitarismo.

Nacida en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, de 38 años de edad y madre de una niña de dos años, después de una brillante trayectoria en diversos municipios de su región, la abogada María Elena Díaz asumió en septiembre de 1988 como jueza de orden público. Sólo duró 10 meses en el cargo, y aunque resolvió algunos casos en los que estaban involucrados importantes jefes de la guerrilla, el expediente judicial que le costó la vida fue el proceso por las matanzas en Urabá. Bastaron su coraje y su conocimiento para entender que era su deber confirmar las órdenes de detención proferidas en primera instancia. A riesgo de su vida, dejó escrito en su providencia que existían pruebas suficientes para establecer que Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha enviaban dinero producto del narcotráfico a los sicarios que operaban en el Magdalena Medio, y que era inaudito que el alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio Rojas, desconociera los crímenes que estaban ocurriendo en la región, así como el proceder delictuoso de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAM. El narcoparamilitarismo quedaba una vez más al desnudo en la realidad procesal, pero de nuevo emboscaba a la justicia para acallarla.

En el cementerio de San Pedro, en medio de un sobrecogedor silencio y la incertidumbre de decenas de funcionarios del Poder Judicial igualmente amenazados, se llevaron a cabo las honras fúnebres de la inmolada jueza. El único representante del alto Gobierno en asistir al sepelio fue el recién posesionado ministro de Gobierno, Orlando Vásquez Velásquez. Los demás funcionarios fueron aterrados fiscales y jueces que ya no sabían qué camino coger para cumplir con su juramento. Sin embargo, aferrados a su valor y a su compromiso con Colombia, una vez más se unieron para expedir una declaración premonitoria: «Se ha asestado un golpe siniestro contra la justicia de orden público, se ha producido su primer martirio y es el preludio de una serie que ensangrentará al país». En la misma exhortación, los administradores de justicia ratificaron en pocas palabras la verdadera dimensión del ataque cometido en Medellín: «Es un crimen alevoso que reta a los poderes públicos y suscita una de dos respuestas: o el Estado se doblega ante el poder de la delincuencia organizada limitándose a condenar el hecho y a ofrecer protección a los jueces, o inicia, con voluntad política y actitud directa y decidida, el rescate de la perdida soberanía interna».

En protesta por el asesinato de la jueza María Elena Díaz, 20 000 funcionarios del Poder Judicial entraron en cese de actividades, generando una compleja situación que salió a sortear el Gobierno ofreciendo más escoltas, más carros blindados y la creación de residencias fiscales para los jueces amenazados. En insolente respuesta, Los Extraditables hicieron pública una nueva amenaza argumentando que, en vez de dialogar con ellos, el Gobierno se había dedicado a manipular a los jueces y los expedientes cometiendo toda clase de atropellos jurídicos. Insólita declaración que sólo suscitó el rechazo de los líderes sociales y de las fuerzas políticas, en solidaridad con el Poder Judicial, que en pocos años había visto caer asesinados a un ministro de Justicia, un Procurador General de la Nación, 14 magistrados, 11 funcionarios de Instrucción Criminal y más de 20 jueces. Además, en respaldo a una convocatoria de apoyo al departamento de Antioquia, que en pocos días había asistido al sacrificio de su gobernador, Antonio Roldán Betancur, y de la jueza María Elena Díaz, el viernes 4 de agosto  se realizó en Medellín el Día de la Reflexión, la Acción y el Compromiso, para unir fuerzas en la defensa de una región atormentada por los enemigos de la paz. Mientras la sociedad trataba de unirse públicamente para enfrentar el trance más difícil de su historia por la andanada de los violentos, la extrema derecha política protagonizaba un desconcertante acto público para presentar su proyecto electoral. En el municipio de Yacopí, Cundinamarca, con más de 5 000 campesinos que llegaron en buses y camperos procedentes de Pacho, La Palma, Caparrapí, La Peña, Vergara, Villagómez o Puerto Boyacá, y que se dieron cita en una planicie situada detrás de una alicaída plaza de toros del pueblo, para formalizar el lanzamiento del Movimiento de Restauración Nacional, MORENA. En medio de una calurosa tarde de vallenatos, rancheras y música de carrilera, portando pancartas contra el comunismo, la Unión Patriótica y la guerrilla, con la mirada acuciosa de integrantes de la Fuerza de Tarea Centauro del Ejército y de miembros de la Policía, el secretario general de la controvertida Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, ACDEGAM, Iván Roberto Duque, presidió el acto de proclamación del movimiento que se presentó como el derecho de las autodefensas a ejercer la democracia en Colombia.

El acto incluyó la entonación del himno de las autodefensas dedicado a la Virgen del Carmen, con estrofas cantadas en coro por los manifestantes: «Deja libre a Colombia Madre amada, de la infame guerrilla comunista; la autodefensa campesina lista está para servirte, Inmaculada». Las imágenes provocaron asombro pero en vez de abrirse paso un consenso de rechazo a esta manifestación asociada a ACDEGAM y a las graves acusaciones judiciales en su contra, lo que se impuso fue una división de criterios respecto al accionar proselitista en su plataforma de lanzamiento. Los primeros en pronunciarse fueron los precandidatos liberales. El senador Hernando Durán sostuvo que la izquierda y la derecha tenían el mismo derecho a constituir partidos políticos, siempre y cuando estos estuvieran ceñidos a la ley y a la Constitución. El senador Ernesto Samper agregó que cualquier esfuerzo por sustituir la confrontación por las vías democráticas merecía su aceptación. El ex ministro Jaime Castro estimó que los ciudadanos tenían derecho a crear los partidos políticos que desearan, si respetaban el ordenamiento jurídico vigente. La izquierda salió a criticar acremente la proclamación del grupo político MORENA.

El secretario general del Partido Comunista, Gilberto Vieira, lo definió sin rodeos: «Me parece que el sicariato legaliza así sus crímenes». Comentario que amplió el congresista de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo Ossa: «El problema de MORENA es que pretende legitimar un fenómeno que el país ha rechazado, el de las llamadas autodefensas». La polémica creció cuando el movimiento fue presentado en Bogotá y anunció que tendría listas propias al Congreso y a las corporaciones públicas en los comicios de 1990. En una rueda de prensa presidida por sus dirigentes Armando Valenzuela Ruiz y Fernando Vargas Quemba, además promotores del semanario Resumen Gráfico, negaron cualquier vinculación con el narcotráfico pero se declararon en contra de la extradición de colombianos. Reiteraron, en cambio, el objetivo expuesto por el secretario de ACDEGAM, Iván Roberto Duque, según el cual, dondequiera que existieran ciudadanos contra la subversión, MORENA estaba dispuesto a presentar sus listas electorales. El propio Duque, en entrevista a la revista Semana, defendió su proyecto afirmando que si algunos miembros de ACDEGAM estaban comprometidos con la justicia, eran ellos quienes debían responder ante ella, y no la organización.

A los pocos días, en alusión al movimiento MORENA pero sin mencionarlo, el presidente Virgilio Barco, durante la ceremonia de posesión del procurador Alfonso Gómez Méndez, que se desarrolló el lunes 14 de agosto, intentó ponerle fin a la discusión con un comentario inequívoco: «Un movimiento que utilice, así sea indirectamente, métodos de coerción o de fuerza para alcanzar sus propósitos debe ser excluido de la contienda democrática. El proselitismo armado es inaceptable ». Su comentario iba más allá del exótico grupo MORENA; también buscaba prevenir el creciente protagonismo político de las FARC, el ELN y el EPL, que, además de sus campañas de secuestro y extorsión, cada día copaban más espacio político en algunas regiones. En un debate electoral presionado por los ilegales, la encrucijada mayor era para la Unión Patriótica. De cara a unas elecciones donde resultaba inevitable su rechazo a la vía armada. A menos de un año de la realización de las justas electorales, el paramilitarismo forjaba su camino político en las barbas del Estado. Lejos estaba la sociedad de advertir lo que esa misma corriente proselitista pero expresada en sicarios iba a provocar esa misma semana, en una de las más dolorosas jornadas de violencia que la memoria de Colombia guarda en sus entrañas.

La racha criminal comenzó al caer de la tarde del miércoles 16 de agosto, cuando cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas de color negro asesinaron al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Ernesto Valencia García. Después de terminar sus labores cotidianas, el jurista abandonó su despacho, ubicado en la carrera 6a con calle 11, en el centro de Bogotá, y emprendió la ruta hacia el vecino municipio de Chía, donde tenía su residencia, pero minutos después, cuando transitaba por la calle 13 con carrera 16, fue baleado por los sicarios. Aunque alcanzó a ser conducido a la clínica San Pedro Claver, la gravedad de las heridas causadas por seis impactos de pistola nueve milímetros hizo impotentes los esfuerzos de los facultativos por rescatar su vida. No bastaron los sacrificios personales del magistrado Carlos Valencia, quien se había apartado voluntariamente de su familia exiliada en Guatemala y había cambiado sus hábitos de vida, por las recurrentes amenazas de muerte. Los asesinos lo acecharon hasta en su domicilio. Cuando conocieron los recorridos que diariamente realizaba en un jeep Toyota blanco asignado para sus desplazamientos, acabaron con su vida cuando apenas contaba con 44 años de edad.